La Procuraduría General de la República (PGR) inició la construcción del Centro Nacional de Protección a Personas, cuya finalidad será la de resguardar a funcionarios en riesgo de ser atacados debido a sus actividades en el combate a la delincuencia organizada, y también a miembros de grupos delincuenciales que para evitar ser procesados se conviertan en testigos protegidos.

Habrá espacio para 150 personas, pero su ubicación se mantendrá en secreto hasta que sea concluido, para evitar que grupos criminales ataquen a los constructores o puedan afectar la obra, revelaron mandos de la PGR.

El pasado 8 de junio se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal, y un día antes la procuradora Marisela Morales informó que con esta norma podrán incorporarse al programa (de protección) víctimas, testigos, policías, peritos, agentes del Ministerio Público y jueces.

Si bien en el centro se brindará seguridad a familiares de presuntos delincuentes o víctimas de grupos criminales, la PGR podrá determinar que se brinde seguridad a todo aquel individuo que pueda verse en situación de riesgo o peligro por su intervención en un procedimiento penal.

También se podrá resguardar a los llamados testigos colaboradores quien, de acuerdo con la ley, es la persona que habiendo sido miembro de la delincuencia organizada accede voluntariamente a prestar ayuda eficaz a la autoridad investigadora, rindiendo al efecto su testimonio o aportando otras pruebas conducentes para investigar, procesar o sentenciar a otros miembros de la organización delictiva.

Para evitar que los grupos criminales conozcan la identidad de quienes se han cogido al programa, la información y documentación relacionada con las personas protegidas será considerada como reservada y confidencial, y para dar mayor garantía a los llamados arrepentidos, el gobierno mexicano podrá gestionar ante otros países, con los que se tenga convenio, la reubicación de la persona, para lo cual realizará ante las autoridades competentes o por conducto de aquellas los trámites legales para regularizar su situación migratoria y lo deje en posibilidad de obtener un empleo digno y honesto para la manutención de él y su familia; en tanto, tomará las medidas pertinentes para el envío de dinero para el sustento de las personas incorporadas al programa.

En el centro también se protegerá la identidad de quienes laboran, aunque se trate de abogados, médicos, sicólogos, trabajadores sociales y elementos de la policía federal ministerial adscritos a la unidad, y en caso de que alguno renuncie puede ser acusado de la comisión de un delito si revelara datos de las actividades que se realizan en el centro o de la identidad de las personas protegidas.

A los aceptados en el programa, el gobierno suministrará alojamiento temporal o los medios económicos para transporte, alimentos, comunicación, atención sanitaria, mudanza, reinserción laboral, trámites personales y aquellos que requiera para cumplir con sus obligaciones, sistemas de seguridad, acondicionamiento de vivienda y demás gastos indispensables, dentro o fuera del país, mientras la persona se halle imposibilitada de obtenerlos por sus propios medios.