La asesoría del general colombiano Óscar Naranjo al candidato priísta Enrique Peña Nieto generó posiciones encontradas entre legisladores, y el señalamiento de José Luis Piñeiro, especialista en fuerzas armadas y seguridad nacional, de que se trata de una medida con carácter electoral.

Piñeiro, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, afirmó que la contratación del general Naranjo “es una señal de continuidad de la lucha contra el narcotráfico sin considerar los costos sociales que ha dejado.

“Se trata –dijo– de una postura electoral, aprovechando la percepción de inseguridad que existe en el país, como medio para obtener votos, sin considerar que se requieren políticas de Estado en materia laboral, ambiental y social, y no de incremento de prisiones”.

En la Cámara de Diputados, legisladores priístas consideraron que la medida constituye una clara muestra de que el mexiquense no pactará con el narcotráfico, mientras el PRD expuso que el planteamiento evidencia subordinación a los lineamientos del gobierno estadunidense, así como desdén y desprecio al Ejército Mexicano.

El diputado priísta Eduardo Bailey calificó la propuesta de Peña de muy importante, pues dijo que Colombia atravesó una situación similar a la que vive México y por tanto poner los ojos en un hombre que tiene experiencia en enfrentar esta clase de problemas implica aprovechar la capacidad de alguien que ha tenido resultados positivos en el combate al crimen organizado.

El legislador perredista Agustín Guerrero criticó el anunció del ex gobernador mexiquense, ya que se trata de una medida que lesiona gravemente la soberanía nacional.

Los agentes bajo el mando del general Naranjo abatieron a Gonzalo Rodríguez Gacha, uno de los miembros más importantes del cártel de Medellín, y también colaboró en el operativo en que ultimaron a Pablo Escobar, líder de esa organización delictiva.

Naranjo ha sido uno de los miembros más activos de la International Drug Enforcement Association, financiada por la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), e integrante la Asociación Internacional de Jefes de Policía.

Presuntamente dirigió operaciones policiales que concluyeron con la detención de más de 150 miembros de grupos criminales que eran solicitados en extradición por Estados Unidos, entre ellos varios que formaban parte de los enlaces con el cártel de Sinaloa, que dirigen Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada.

Además de las operaciones contra el narcotráfico, también estuvo involucrado en el operativo en territorio ecuatoriano en el cual fue asesinado el comandante Raúl Reyes, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.