el 20 al 22 de junio se reúne en Río de Janeiro la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable (Río+20) a veinte años de la primera conferencia global sobre desarrollo y medio ambiente.

La situación ambiental es  mucho peor que entonces, pero no es el tema principal: al centro de la polémica está la llamada economía verde, el intento de someter al mercado toda la naturaleza y sus ciclos vitales. Sus promotores la presentan como una oportunidad de ganar-ganar frente a las crisis, incentivando mercados financieros con la naturaleza (mercados de carbono, servicios ambientales) y la aplicación de nuevas tecnologías (nanotecnología, biotecnología, geoingeniería y otras de alto riesgo) para crear nuevas fuentes de negocios para las empresas en problemas, supuestamente atendiendo al mismo tiempo problemas ambientales. A todo lo que tiene base biológica, le llaman solución verde, aunque sea como los agrocombustibles, que usan más petróleo que el que dicen sustituir y son causa principal del elevado precio de los alimentos.

Como explican los organizadores de la Cumbre de los Pueblos por Justicia Social y Ambiental (Rio de Janeiro, 15-23 de junio), Nada en la economía verde cuestiona o sustituye a la economía basada en el extractivismo y los combustibles fósiles, ni sus patrones de consumo y producción industrial, sino que extiende la economía explotadora de la gente y el ambiente a nuevos ámbitos, alimentado el mito de un crecimiento económico infinito

Sobre este destructivo mito se reúne también el 18-19 de junio en México el G-20, un grupo auto-convocado de países poderosos del planeta, donde a propuesta de México el  crecimiento verde  es punto central de la agenda. Desde allí lanzarán lo que opinan debe ser el resultado de Río+20, esa sí convocada por Naciones Unidas y a la que asistirán 140 jefes de estado.

Es pasmoso que ante la gravedad de las crisis globales, ambientales, económicas, alimentarias, la Río+20, en negociación hace dos años, no haya entregado  un diagnóstico claro y certero de las crisis ni puesto sobre la mesa soluciones verdaderas. El documento base sigue a pocos días de la Cumbre con muchos temas sin acuerdo. Sin embargo, que el documento esté trancado no es negativo. Es grave por la inacción frente a problemas serios, pero significa también que las intenciones de algunos gobiernos (todos integrantes del G-20), de posicionar la economía verde como panacea para todos los males, ha encontrado trabas.

Mayoritariamente los países del G-77 (132 países de África, Asia y América Latina, menos México que no forma parte) han tratado de acotar las propuestas de economía verde. Pero el concepto, aunque vago, saldrá seguramente como el logro principal de la Cumbre. La ambigüedad en la definición será interpretada como convenga a cada gobierno y sobre todo, a las instituciones financieras multilaterales que son quienes han respaldado con fondos públicos las inversiones de riesgo en nuevos mercados con la naturaleza (para consolidarlos y que luego las empresas puedan invertir con seguridad).

Si bien la resistencia del G-77 en Naciones Unidas es significativa, la vasta mayoría de los países del Sur, particularmente el anfitrión Brasil, comparten un modelo de desarrollo y crecimiento dentro del capitalismo y ven la economía verde como posible negocio. Algunos plantean que sea con más atención a aspectos sociales y a la inequidad global. Otros rechazan la economía verde porque creen será una nueva fuente de condicionalidades. Los países del Norte, pese a sus crisis, presionan para que todo sea a favor de sus trasnacionales. Para lograrlo, en la negociación han amenazado derechos ya establecidos en ONU, como el derecho a la alimentación, al agua, a la información, los derechos de comunidades locales y pueblos indígenas, la equidad de género.

El tema de la economía verde no comenzó con Río+20. Por ejemplo, la conferencia sobre cambio climático en Cancún en 2010 fue devastadora al institucionalizar programas como REDD, que mercantilizan el aire de los bosques y arrasan con los derechos de las comunidades. Pero Río+20 pretende además sentar un marco global y en todos los temas, que promueva la economía verde. Es una trampa discursiva importante, porque suena positivo cuando en realidad es lo contrario.

Es un frente que necesitamos entender y disputar. Para ello se instaló la Cumbre de los Pueblos por justicia social y ambiental, contra la mercantilización de la vida y la naturaleza y por la defensa de los bienes comunes. No fue fácil la convergencia de 40 grandes redes de movimientos sociales y pueblos brasileños (campesinos, trabajadores, mujeres, ambientalistas, comunidades negras, indígenas, derechos humanos y otros) y más de 35 redes internacionales. Se esperan decenas de miles de personas de la región y participación significativa del resto del planeta. Habrá más de 1000 actividades sobre diversos temas, reminiscente del Foro Social Mundial. A diferencia de éste, habrá plenarias temáticas sobre diagnóstico y propuestas, así como de estrategias comunes hacia el futuro. Es grande el desafío de confrontar y debatir en estas dimensiones y desde tanta diversidad, pero también avizora una  nueva etapa de convergencia de los movimientos sociales. Seguramente el mayor valor del encuentro no será lo que sucede en Río, sino en qué grado alimenta la resistencia y propuestas locales por todo el mundo.

Lo que no tiene duda es que la  economía verde y sus falsas soluciones están siendo enérgicamente contestadas desde los movimientos. Es apenas el comienzo.

*Investigadora del Grupo ETC