l presidente de Rusia, Vladimir Putin, puede no saber que Benito Juárez fue el primero en afirmar: A los amigos, justicia y gracia; a los enemigos, la ley a secas, pero los hechos indican que la sentencia juarista bien podría ser el eje del acoso del Kremlin a la oposición política.

Porque la frase, con mínimas variaciones también atribuida a Porfirio Díaz, al peruano Óscar Benavides y al brasileño Getulio Vargas, entre otros, explica en Rusia que unos gocen de impunidad y otros sufran persecución.

Denota esa clara intención la aprobación de enmiendas que endurecen las multas por infracciones durante manifestaciones y mítines, por ahora impuestas en dos ocasiones en ciudades de provincia, a modo de experimento.

Tampoco parece fortuito que la víspera de la enésima protesta, que sacó a la calle en Moscú a decenas de miles de personas para pedir la dimisión de Putin, el Comité de Investigación de la Procuraduría rusa haya realizado cateos en viviendas de dirigentes del movimiento de inconformes.

Y al día siguiente, a la misma hora que tendrían que ocupar la tribuna del mitin, los haya citado a declarar como testigos de los disturbios ocurridos el 6 de mayo anterior, cuando un grupo de jóvenes radicales lanzó piedras y se enfrentó a golpes con la policía. Hasta ahora van doce imputados por esos sucesos.

Da la impresión de que aquí los subordinados, en su afán de quedar bien con la superioridad, se exceden en eso de aplicar la ley a secas y cometen arbitrariedades que ponen en entredicho la procuración de justicia en Rusia.

Ejemplos recientes: no permitir la presencia de abogados, las primeras horas, en los cateos; realizar un registro en la vivienda de una persona que ni siquiera estuvo en el mitin del 6 de mayo; impedir que se vistiera una mujer, que sin más ropa que una tanga tuvo que escuchar cómo los investigadores leían en voz alta las cartas privadas a su novio; comenzar un cateo, en ausencia del dueño de la vivienda; y un largo etcétera.

Esta misma semana un escándalo involucró al propio titular del Comité de Investigación, Aleksandr Bastrykin, compañero de facultad y hombre de todas las confianzas de Putin, acusado por el periódico Novaya Gazeta de amenazar de muerte a su subdirector, Serguei Sokolov.

El desencuentro quedó zanjado con un apretón de manos y disculpas recíprocas –el funcionario se desquició por las críticas del periodista y éste aceptó que se pasó de la raya–, pero lo más grave es que sucedió en realidad que el principal encargado de esclarecer los asesinatos en este país amenazó con cortarle la cabeza a un reportero.

No sorprende que muchos rusos quieran saber ¿cuándo se aplicará la ley a secas? Para todos, sin excepción.