l tiempo que se acredita que López Obrador avanza en las preferencias electorales y que sus posibilidades de triunfo son reales, se ha desatado una campaña sin límites para desprestigiarlo. Forman parte de ella mensajes injuriosos, rumores, noticias alteradas, calumnias y una jauría de comunicadores que, actuando por encargo, buscan confundir a la población con el fin de provocar miedo y angustia. El árbitro parece lento en sus reacciones y no se decide a poner un mínimo de orden.
No sólo las televisoras ya conocidas participan en esta maniobra, también cadenas de diarios que en todo el país repiten consignas e información falsa, por más absurda que parezca, confiando que en el corto plazo no podrán ser desmentidos. La lista es inagotable. Te van a quitar tu casa para dársela a otros, es igual que Chávez, vas a perder tu automóvil, se va a repetir la toma de Reforma, no está dispuesto a aceptar su derrota, tiene grandes propiedades, etcétera. Bastaría preguntar a los habitantes de la ciudad de México, que conocieron su gobierno y su equipo de trabajo, para confirmar que las acusaciones planteadas no tienen fundamento. Por algo ahora los gobiernos progresistas de esta entidad tienen tanto respaldo popular.
Las redes sociales también son objeto de embate. Un trabajador me informaba sobre un empleo de reciente creación en una oficina ubicada en Cuautitlán Izcalli, estado de México; la tarea consiste en enviar diariamente 160 tuits, 80 en contra de López Obrador y el resto a favor de Peña Nieto. Pagan $150 por día. Les hacen firmar un compromiso de discreción. En esta misma línea los estudiantes creadores del video Somos más de 131 han sido hostigados de diversas maneras, a grado tal que se han visto obligados a solicitar la intervención de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
La última andanada activada desde el Consejo Coordinador Empresarial (el mismo que le plantea al IFE y a candidatos firmar un pacto de civilidad) se ha orientado a descalificar la propuesta de reducir el gasto corriente superfluo y los salarios exorbitantes para canalizarlo a diversos programas. El propio presidente Calderón y funcionarios de su gobierno se dedican también a esta tarea, señalando que aun reduciendo el sueldo de los altos mandos a la mitad, se lograría menos de un tercio de lo propuesto. Varios analistas, entre ellos Enrique Quintana (12/6/2012), en el periódico Reforma, han aclarado, atendiendo a la declaración exacta del candidato, que éste no sólo se había referido a sueldos de altos funcionarios sino también a otros gastos superfluos en las distintas dependencias del gobierno. Quintana concluye que hay mucha tela de dónde cortar para hacer ahorros y agrega que el propio Consejo Coordinador Empresarial ha señalado que la iniciativa privada paga alrededor de 10 por ciento de sus ingresos en corrupción, y recuerda que el monto de los privilegios fiscales que en el propio presupuesto dejarán de percibirse es de alrededor de 178 mil millones de pesos. Más allá de los números, lo importante es el concepto que está detrás de la propuesta, y que consiste en racionalizar el gasto y contar con una administración pública que responda a las necesidades de la sociedad.
La manipulación de la información empieza a generar en algunos sectores un efecto contrario al deseado por sus promotores. En buena parte explica la reacción del movimiento juvenil reclamando la democratización de los medios de comunicación, que siendo propiedad pública deben favorecer el desarrollo social y cultural del país. Muchos jóvenes han respondido con firmeza y dignidad frente a estas campañas que pretenden tratarlos como incapaces de discernir entre el mensaje y la realidad. Es alentador escuchar la sorpresa de algunos padres de familia, frente a la definición de sus hijos que en estos días han tomado la decisión de involucrarse en diversas movilizaciones, simplemente porque no se conforman con el mundo que se les pretende imponer. Se resisten a la lógica de que todo está arreglado y que no se puede hacer nada; que la pobreza es natural, que la injusticia seguirá toda la vida, que deben conformarse con su condición de subordinados y, peor aún, que sólo les queda irse preparando para aprovecharse de otros, si quieren sobrevivir.
Esta nueva generación de jóvenes no se conforma con su reclamo en materia de medios de comunicación; con una visión más creativa, informada y responsable, saben que existen soluciones para los problemas que tienen postrada a buena parte de la población, y que para lograrlo se necesita un cambio de rumbo apoyado en la participación de gente de buena fe, que vive como piensa, que entiende que el principal problema de nuestro país es la desigualdad social, que no sólo destruye el tejido social, favoreciendo la inseguridad, sino que también frena el crecimiento económico, la posibilidad de generar empleos de calidad y, en consecuencia, la esperanza por un mundo mejor.
Es fácil confirmar cómo las medidas económicas de los últimos gobiernos han condenado a los jóvenes a un mundo más precario. Basta observar la tendencia salarial, el avance en las llamadas reformas estructurales o los cambios a los sistemas de seguridad social. En este último tema se han establecido pensiones no sólo más reducidas sino que se ha despojado a los trabajadores más jóvenes de sus recursos, entregándolos al sector privado a través de las Afore, para que los administre y se beneficie con ellos sin ser su propietario.
La guerra sucia agravia a la sociedad en su conjunto. La mejor manera de neutralizarla es convertirnos en difusores de la verdad dentro de nuestro entorno social. Es tiempo de que los indecisos y escépticos hagan causa común con los jóvenes, que han recuperado la esperanza de que muy pronto puedan cambiar las cosas en favor de nuestro país. La guerra sucia no debe triunfar.
