Aun cuando la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que 245 mexicanos originarios de Puebla han fallecido en Estados Unidos, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) le ordenó buscar y entregar fechas, causas y nombre de las comunidades a las que fueron repatriados los cuerpos de quienes perdieron la vida en aquel país de febrero de 2011 a febrero de 2012.

Respecto de los fallecidos, la cancillería mexicana indicó que en 244 casos sus familiares solicitaron el apoyo económico para su traslado a México, el cual ascendió a 423 mil 90.50 dólares. Lo anterior ocurrió en el lapso del primero de febrero de 2011 al 31 de enero de 2012.

Sin embargo, dijo no contar con el resto de los datos solicitados, como fecha, causas de fallecimiento y comunidades a los que fueron repatriados.

Inconforme con lo anterior, el ciudadano que requirió esos datos presentó un recurso de revisión ante el Ifai para impugnar la falta de entrega de esa información. El asunto se turnó a la ponencia de la comisionada Jacqueline Peschard.

En alegatos, la cancillería dijo no tener la obligación legal de contar con un documento con las características solicitadas, toda vez que no es información de importancia para el otorgamiento de la asistencia a los familiares fallecidos.

De la normatividad analizada, la ponencia determinó que la dependencia no atendió correctamente el procedimiento de búsqueda de la información, toda vez que existe la Dirección General de Servicios Consulares, encargada de coordinar la expedición de visas y actas del registro civil, como lo es un acta de defunción, así como llevar las estadísticas de los actos que efectúen las oficinas consulares y vigilar que los informes sean rendidos de conformidad con las disposiciones aplicables en la materia.

Por tanto, la ponencia consideró que la dirección general de servicios consulares, al coordinar la expedición en las oficinas diplomáticas y consulares de México en el exterior de visas, actos del registro civil, legalización y certificación de documentos públicos y al llevar estadísticas de esos actos consulares, entre otras acciones, puede ser competente para contar con el desglose de la información solicitada por el particular.