Los decretos expedidos el pasado miércoles por el presidente Felipe Calderón contra el feminicidio y la trata de personas son sin duda, un avance, aunque hace falta voluntad política que se refleje en presupuesto y acciones que hagan operativas las leyes, como son la pronta expedición de reglamentos, coincidieron activistas.

Jaime Montejo, de Brigada Callejera, señaló que luego de la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos contra la Trata de Personas se necesita que la figura presidencial no tarde en expedir el reglamento de la ley, otorgue recursos para que ésta opere y capacite a jueces, ministerios públicos y policías para que no traten como presuntas responsables a las víctimas de trata.

Dijo que si bien esta ley es un avance muy importante, porque por primera vez se ataca a toda la cadena productiva relacionada con el delito y fija obligaciones para las instancias de la administración pública de los tres órdenes de gobierno, adolece de serias omisiones, como son que no se haya tomado en cuenta el parecer de las trabajadoras sexuales, organizaciones civiles y los organismos que protegen a los pueblos originarios, pues poco más del 80 por ciento de las víctimas de trata provienen de comunidades indígenas.

En tanto, Adriana Jiménez Patlán, coordinadora general de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, consideró que los avances legislativos deben ir acompañados de voluntad política para desmantelar las grandes redes de trata de personas, pues sabemos que atrás hay una cantidad de personas y negocios millonarios, así como corrupción en muchos niveles de gobierno.

Respecto de los feminicidios, dijo que hace falta avanzar en educar a la sociedad para que no persista la violencia contra las mujeres, que da pie a crímenes de esa naturaleza.