La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo) trabaja en la corroboración de los testimonios que indican que tres generales y un teniente coronel fueron cooptados por el cártel de los hermanos Beltrán Leyva, entre ellos el ex subsecretario de la Defensa Nacional, Tomás Ángeles Dauahare, revelaron mandos de la Procuraduría General de la República (PGR).

La institución ministerial ya aseguró cuentas bancarias y propiedades a los militares investigados y solicitó información de sus manejos financieros a la Secretaría de Hacienda, mientras se corrobora si los generales Ángeles Dauahare, Roberto Dawe y Ricardo Escorcia, así como el teniente coronel Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto, realizaron operaciones financieras con recursos de procedencia ilícita, ya que supuestamente recibieron pagos de entre 100 mil y 200 mil dólares mensuales por proteger las operaciones del cártel de los hermanos Beltrán Leyva en entidades como Sinaloa, Morelos, Puebla y Quintana Roo.

Es toda una investigación que se tiene que corroborar, todos los indicios y las declaraciones hay que adminicularlas y corroborarlas, para poder determinar, en su momento, lo que conforme a derecho proceda, sustentado precisamente en todo el material probatorio, dijeron las fuentes consultadas.

Supuestamente las pruebas que la Siedo tiene para actuar contra los militares detenidos se han obtenido a partir de testimonios aportados por el testigo protegido de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), identificado como Jennifer y cuyo nombre real es Roberto López Nájera; Sergio Barragán Villarreal, conocido en el cártel Beltrán Leyva como El Grande, y que ahora tiene la clave de Mateo, al convertirse en colaborador de la Procuraduría General de la República; Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, y el mayor Arturo González Rodríguez.

El caso de los generales, según las fuentes consultadas, comenzó en 2009, cuando se inició la investigación del asesinato del general Mauro Enrique Tello Quiñones, quien fue abatido a tiros en Cancún, Quintana Roo. Supuestamente los testigos protegidos Jennifer y Mateo, presuntamente aportaron datos sobre la participación de autoridades en grupos del narcotráfico y nombres de generales, mandos de la Policía Federal y de la Siedo vinculados con los Beltrán Leyva y Sinaloa.

Entre esos casos se encuentra el juicio en contra del comandante de la Policía Federal, Javier Herrera Valles, sentenciado en primera instancia a diez años de prisión y las detenciones del mayor Arturo González Rodríguez y Noé Ramírez Mandujano, ex titular de la Siedo.