La Comisión Federal de Competencia (CFC) hizo oficial la colusión entre televisoras y confirmó la postración del gobierno ante el poder económico y político de esas empresas al autorizar la alianza entre Televisa y Iusacell; así, da manga ancha a la empresa de Emilio Azcárraga para ofrecer todos los servicios en las plataformas tecnológicas existentes, lo cual no ocurre en ningún otro país, afirmaron especialistas.

Mediatelecom, Observatel, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) y Ramiro Tovar Landa, académico del Instituto Tecnológico Autónomo de México, coincidieron en que la CFC hizo el trabajo sucio del gobierno federal para que en dos años Televisa obtuviera la fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad y se posicionara en el mercado de banda ancha, y ahora ingrese al de telefonía móvil con Iusacell y se vincule con Telefónica por ese conducto.

La pretensión de Televisa y Iusacell es dominar los servicios de televisión móvil, de Internet y de telecomunicaciones móviles a más tardar en cinco años, ya que la televisión abierta perderá fuerza.

Tovar Landa afirmó que con su decisión la CFC hizo el trabajo sucio del gobierno federal y oficializó la colusión de los grupos Televisa y Salinas, al permitir que se integrara un promiscuo entramado de relaciones entre Televisa, Iusacell y Telefónica. Se trata de una colusión potencialmente monstruosa con Televisa y Iusacell unidos; Iusacell asociado con Telefónica, y Telefónica en alianza con Televisa en la red de fibra de la CFE.

Afirmó que a partir de ayer Televisa es el único agente económico con el poder de operar en las tres plataformas tecnológicas más importantes y ofrecer todo tipo de servicios, porque, a pesar de las condiciones de la CFC, esa empresa ya está en el mercado de televisión abierta y restringida, telefonía fija y móvil, Internet y banda ancha.

Todo a cambio de la promesa de no interponerse, de dar permiso al gobierno de licitar televisión abierta. Aseguró que el riesgo de colusión por el que la CFC había negado la concentración sigue vivo, porque las condiciones no resuelven nada. El gobierno recibió promesas y nada garantiza que las empresas las vayan a cumplir.

Aleyda Calleja, presidenta de la Amedi, sostuvo que la CFC no atendió argumentos, datos duros ni el poder que Grupo Televisa y Grupo Salinas, con Tv Azteca, ejercen en el país, y postró al gobierno federal ante las televisoras en un acto que representa el retroceso más grande que se haya registrado en materia de competencia.

Canjear la concentración a cambio de que las televisoras no se interpongan a la existencia de una nueva empresa de televisión abierta es muestra contundente de la incapacidad de esta administración para limitar el poder de Televisa y Tv Azteca. Aseguró que las supuestas condiciones que impuso la CFC son obligaciones mínimas que deberían cumplir en un mercado competitivo. Ninguna de las medidas impiden la colusión ni la concentración que ya ejercen en la producción y distribución de contenidos, y la que se prevé que ejercerán con la transición a la televisión digital terrestre y el multiplexeo.

La CFC sólo atendió el sentido empresarial del caso

El director de Mediatelecom Policy & Law, Jorge Fernando Negrete, dijo que ningún órgano regulador en el mundo habría aprobado la concentración de dos empresas con negocios compatibles que controlan 99 por ciento de las frecuencias de televisión abierta y una proporción similar en ingresos publicitarios.

“La CFC autorizó la creación de facto de un monopolio de contenidos” cuyos efectos se verán dentro de tres o cinco años, cuando el negocio de la televisión abierta pierda atractivo y los usuarios emigren a la televisión móvil y todos los beneficios que representa la banda ancha.

Fernando Negrete dijo que si las condiciones fueran reales, hoy mismo Televisa y Iusacell tendrían que permitir que Telmex, Telcel y Dish se anuncien en sus canales sin discriminación, pero no son condiciones reales, sino una carta de negociación. Destacó que si la CFC hubiera querido condicionar, habría establecido obligaciones de inversión y cobertura en zonas rurales y marginadas, pero dejó fuera el sentido social y sólo atendió el empresarial.

La presidenta de Observatel, Irene Levy, indicó que las medidas de la CFC no eliminan el riesgo de colusión, sólo mitigan los efectos que la alianza tendrá en diversos mercados. Criticó que la comisión hable de licitar la tercera cadena de televisión, cuando la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) ya dijo que no existe una figura así, y que en la integración de las bases se decidirá si las frecuencias de televisión se licitarán de forma local o regional, o si se integrará una licitación más grande, nacional.

Consideró que lo más preocupante es que la CFC no precisó si Televisa y Tv Azteca podrán concursar por más espectro para televisión digital abierta, y señaló que todas las condicones deben ser vigiladas de forma rigurosa, porque no puede apostarse a la buena fe.