l domingo pasado mil chilenos de ultraderecha se reunieron en un teatro de Santiago para recordar al dictador Pinochet. Hubo varios invitados especiales, como el presidente de la juventud cubana en el exilio y el español Jaime Alonso, uno de los abogados que presentó la demanda contra el juez Baltasar Garzón por investigar los crímenes del franquismo. “Estoy convencido de que en Chile hay muchos garzones que hay que desenmascarar”, proclamó Alonso en la reunión.

Mientras en Chile arreciaban las protestas porque el gobierno permitió un acto para honrar a un golpista, ladrón y genocida, en España el presidente del máximo tribunal, Carlos Dívar, se libraba de ser investigado por estafa, apropiación indebida y malversación de caudales públicos. Un despacho de abogados de Murcia lo acusó de cometer dichos delitos al comprobarse que realizó, por lo menos, 32 viajes de lujo en larguísimos fines de semana, a Marbella, urbe emblemática del turismo internacional. El costo de esos viajes, que incluye traslado desde Madrid, hospedaje, comidas y cenas (más de 50) en restaurantes de cinco estrellas con una persona hasta hoy desconocida, lo cargó al presupuesto del tribunal.

Dívar es el segundo funcionario mejor pagado de España. Tiene a su servicio un séquito compuesto por 21 guaruras, varios asesores personales, secretarias y tres coches oficiales del mejor modelo. Así que, dinero y apoyos no le faltan. Aunque prometió públicamente justificar por qué dispuso de miles de euros para esos viajes de fin de semana para estar, comer y cenar en misteriosa compañía, nunca lo ha hecho. En cambio se comprobó que no fueron por motivos oficiales aunque Dívar intento hacer creer que sí.

La denuncia de los abogados de Murcia llegó hasta la sala de lo penal del Tribunal Supremo, integrado por 15 jueces. Por mayoría de votos resolvió no enjuiciar a Dívar. Que, vaya casualidad, preside el tribunal. Las críticas de los medios y la ciudadanía no se hicieron esperar.

En febrero pasado, el juez que desarticuló una banda corrupta especializada en el saqueo de fondos públicos, y que sacó de la política a dos decenas de dirigentes del Partido Popular (desde noviembre gobierna España) por participar en dicho saqueo; el que logró el gobierno inglés pusiera bajo arresto a Pinochet, fue condenado a 11 años de inhabilitación y expulsado de la carrera judicial por el Tribunal Supremo, a instancias de los cabecillas de la citada banda de pillos. Ese juez se llama Baltasar Garzón. El lunes pasado, Francisco Correa, cerebro de la banda, luego de pagar una fianza, salió en libertad condicional mientras se le dicta sentencia. Llevaba tres años preso.

Que nadie dude de la imparcialidad y honorabilidad de la justicia española.