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Poblado del istmo exige el reconocimiento para su alcalde, electo por usos y costumbres

Indígenas huaves retienen a 10 policías

El gobierno estatal ignora añejo conflicto agrario, denuncian pobladores de San Mateo del Mar

Corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 15 de junio de 2012, p. 38

Oaxaca, Oax., 14 de junio. Indígenas huaves de San Mateo del Mar, en el istmo de Tehuantepec, retienen a 10 agentes de la Policía Estatal como medida de presión para que el Congreso local reconozca a sus autoridades municipales y el gobierno estatal solucione el conflicto agrario que desde hace varios años mantiene con el pueblo vecino de Santa María del Mar, informó Marco Tulio López Escamilla, secretario de Seguridad Pública estatal.

Los habitantes de esa municipalidad detuvieron y desarmaron inicialmente a ocho elementos, quienes realizaban un rondín en los alrededores del pueblo y los llevan al palacio municipal. El comandante regional de la corporación, Pedro Cruz Francisco acudió con su escolta a tratar de liberar a sus subalternos, pero también fueron retenidos.

López Escamilla precisó que los indígenas pretenden que el gobierno del estado reconozca a Nicolás Canaliso Quintero como alcalde, a quien eligieron por usos y costumbres después de haber destituido del cargo a Francisco Valle Piamonte, acusado de desvio de recursos.

Los pobladores también demandan el retiro de una partida de la policía estatal en Santa María del Mar, porque supuestamente ofrece seguridad sólo a esa municipalidad. Se tiene una partida en la zona del conflicto para evitar agresiones; con la retención pretenden presionar para llegar a un acuerdo, pero los policías son ajenos al conflicto, apuntó.

El secretario general de Gobierno, Jesús Martínez Álvarez, informó que el coordinador regional de la dependencia, Rodrigo Velásquez García dialoga con los indígenas para alcanzar acuerdos. El gobierno estatal ha ofrecido la posibilidad de realizar una asamblea comunitaria para que sea la población la que determine la continuidad de la actual administración municipal.

Sin embargo, en un comunicado, acusó la actitud intransigente de los pobladores, que condicionan la liberación de los policías al reconocimiento de sus autoridades municipales. Esto, señaló, constituye una ilegalidad, toda vez que la única instancia facultada para determinar la desaparición de poderes es el Congreso del estado.

La administración estatal interpuso una denuncia penal por la retención de los policías.