Hermosillo, Son., 14 de junio. El Poder Judicial del estado liberó dos órdenes de aprehensión contra la ex tesorera del gobierno de Eduardo Bours Castelo, Paola Vanezza García Estrada, y la asistente particular de ésta, Dulce María Huerta Meza, por uso indebido de atribuciones, ejercicio indebido del servicio público, peculado y falsificación por 186 millones de pesos.

El contralor general del estado, Carlos Tapia Astiazarán, y el procurador de Justicia de Sonora, Carlos Navarro Sugich, informaron que estas dos ex funcionarias de primer nivel de la Secretaría de Hacienda estatal usaron nombres falsos para abrir cuentas bancarias y cobrar cheques, entre otros ilícitos.

Las evidencias recabadas en dos años de investigación, explicaron, acreditan que entre febrero y julio de 2009 García Estrada y Huerta Meza cobraron de manera ilegal 74 cheques de diversas denominaciones, que suman 186 millones de pesos.

Tapia Astiazarán explicó que para sacar el dinero de las arcas del estado se alteró el Sistema Integral de Información y Administración Financiera.

Esos cheques fueron endosados. Obviamente esa firma era falsificada, por lo cual se solicitó una investigación grafoscópica para determinar quién podía ser el implicado y los peritos de la procuraduría determinaron qué persona hizo los endosos, dijo Carlos Tapia.

De acuerdo con las evidencias contenidas en el expediente judicial, García Estrada, quien dependía directamente del ex secretario de Hacienda Gilberto Inda Durán, autorizó el cobro de los 74 cheques emitidos y recibió el efectivo de manos del coordinador de la tesorería del estado –cuya identidad no se reveló– y se desconoce qué hacía con los recursos.

El procurador Carlos Navarro Sugich resaltó que las ex servidoras públicas se encuentran prófugas y podría haber más funcionarios inmiscuidos en el escándalo, al que ya llaman chequegate.

Por otra parte, refirió que el ex director general de Control de Fondos y Pagaduría, Alejandro Leal Beltrán, y Édgar Prendas Sandoval, quien ocupaba una dirección en la tesorería estatal, fueron inhabilitados seis años para ocupar cargos públicos.

Explicó que a ambos ex funcionarios se les comprobó participación directa en el cobro de los cheques y queda pendiente la sanción penal.

Tapia Astiazarán añadió que el expediente administrativo sobre este asunto continúa abierto y se investiga a 25 funcionarios y ex funcionarios por este desfalco.