El derrocado gobernante está refugiado en Arabia Saudita con varios de sus familiares
¡Venganza!
, claman familiares de víctimas de la represión en las revueltas de enero de 2011
Jueves 14 de junio de 2012, p. 30
Túnez, 13 de junio. Un tribunal militar condenó, en ausencia, al ex presidente de Túnez, Zine Abidine Ben Alí, a 20 años de prisión por la sangrienta represión en las ciudades de Thala y Kasserine en enero de 2011. La fiscalía solicitó la pena de muerte contra el presidente depuesto, de 75 años, y refugiado en Arabia Saudita, quien fue enjuiciado con otros 22 ex altos funcionarios de su régimen por la muerte de 22 personas entre el 8 y el 12 de enero de 2011. El ex ministro del Interior, Rafik Belhaj Kacem, fue condenado a 12 años de prisión.
El tribunal, en cambio, sobreseyó el proceso de ocho personas, incluido el ex jefe de la guardia presidencial, Ali Serati, y el ex director de la policía antimotines, Moncef Laajimi, lo que provocó la ira de las familias de las víctimas que comenzaron a gritar: ¡venganza! ¡venganza!
Ben Alí ya ha acumuló ante la justicia civil condenas por 66 años de cárcel. Es objeto, junto a su esposa, Leila Trabelsi, de una orden de captura internacional, pero Arabia Saudita no ha querido responder a los pedidos de extradición tunecinos.
El tribunal condenó también al ministro del Interior del derrocado presidente Zine Abidine Ben Alí y a siete de sus jefes de seguridad a 15 años de prisión por la matanza de manifestantes en las principales ciudades donde comenzó la primavera árabe.
El ex primer ministro del Interior, Rafik Belhaj Kacem, y los jefes de seguridad son los primeros altos funcionarios en ser sentenciados por la muerte de más de 300 personas en la revuelta popular del año pasado.
De los 23 altos funcionarios que fueron juzgados por la matanza de manifestantes en las ciudades de Kasserine, Tala, Kairouan y Tajrouine, 14 fueron absueltos, entre ellos el jefe de seguridad de Ben Alí, Ahmed Friaa, quien fue nombrado ministro del Interior poco antes de la huída del presidente. Las absoluciones podrían provocar el enfado de las familias de las víctimas, que han esperado casi 18 meses para que se haga justicia.
El gobierno tunecino ya se ha enfrentado a las críticas por su fracaso al intentar convencer a Arabia Saudita para que entregue a Ben Alí, a su esposa y varios parientes ricos que se llevaron con ellos.
Por otra parte, la capital de Tunez mostró hoy un aspecto aparentemente tranquilo en medio de tensiones y fuerte despliegue policial y militar luego de una madrugada bajo toque de queda para contener acciones de extremistas islámicos que incendiaron el tribunal de primera instancia la madrugada de este martes.
La violencia se extendió a ciudades como El Intilaka, Ettadhamen, Sidi Hassine y Jendouba, demarcación esta última donde los extremistas islámicos incendiaron un local de la Unión General Tunecina del Trabajo.
A las cinco de la madrugada de este miércoles expiró el estado de excepción impuesto a las 21 horas del martes, decisión que no se adoptaba desde las revueltas de enero de 2011 que derrocaron a Ben Alí. La restricción de circulación se impuso en la capital y las provincias de Ariana, Ben Arous, Manouba, Sousse, Monastir, Jendouba, y fueron arrestadas en total 97 personas por los disturbios.
