La reducción en el costo de operación del sector público, una de las medidas de austeridad propuestas por la izquierda en la actual campaña electoral, es un planteamiento avalado por la experiencia internacional y parte del debate sobre la solución de la crisis mundial. “El tono general de discusión en el Grupo de los 20 (G-20) –que se reúne la próxima semana en México– es la austeridad en los gastos de los gobiernos ante la imposibilidad de aumentar los impuestos a las mayorías como forma de aliviar presiones presupuestales”, planteó Fernando Turner, propuesto como secretario de Economía por Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial del Movimiento Progresista.

En México aumenta el gasto público más rápido que la producción y el empleo, observó Turner. Esto es un camino hacia más pobreza y menos desarrollo. El gasto público lo pagan los ciudadanos a corto o a largo plazo y su aumento debilita la inversión y el empleo, consideró este miércoles en un texto escrito para ADNpolitico.com, sitio electrónico del Grupo Expansión.

El domingo pasado, López Obrador insistió, en el debate con los otros tres candidatos presidenciales, en la propuesta de reducir en 300 mil millones de pesos el gasto del gobierno a partir de bajar a la mitad el sueldo de la alta burocracia. Una medida de ese tipo, terció a través de Twitter el presidente Felipe Calderón, sólo generaría un ahorro de mil millones de pesos.

En este año, las plazas de mando superior de la administración pública central, que comprende básicamente las dependencias del Ejecutivo federal sin poderes autónomos ni paraestatales, llegan a 49 mil 322, que consumen una nómina anual de 88 mil 34 millones de pesos, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación 2012, citado en el documento que sustenta la iniciativa de austeridad republicana del candidato López Obrador. Reducir a la mitad este gasto, según ese mismo documento, implicaría un ahorro a los contribuyentes de 44 mil 17 millones de pesos.

Un segundo rubro de ahorro tiene que ver con los mandos de los poderes autónomos, como el Instituto Federal Electoral o la Suprema Corte de Justicia; y de las entidades controladas presupuestalmente, como Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad. En este caso, dice el documento (elaborado, entre otros expertos, por el diputado Mario Di Costanzo), los servicios personales de todo el personal tienen un costo este año de 303 mil 132 millones de pesos. Se plantea en el documento que no existe información detallada sobre las plazas que corresponden a los mandos superiores, pero asume que una reducción de la mitad del sueldo de los empleados de mayor jerarquía significaría un ahorro de 15 por ciento de la partida anual, esto es, 45 mil millones de pesos.

Ya existe una iniciativa de ley en la Cámara de Diputados

Así, ya suman prácticamente 90 mil millones de pesos, de acuerdo con el documento en que se basa la propuesta de López Obrador, que incluso está en forma de iniciativa de ley en la Cámara de Diputados.

Ejemplos prácticos: según el presupuesto de 2012, el presidente de la República tiene un sueldo neto máximo de 152 mil 467 pesos mensuales, que se reduciría a 76 mil 233 pesos; un secretario de Estado pasaría de 150 mil 18 pesos a 75 mil 9 pesos, y un director general de 144 mil 701 a 72 mil 350 pesos. El salario de un diputado federal disminuiría de 127 mil a 63 mil 500 pesos, y el de un ministro de la Corte de 333 mil a 166 mil pesos.

Hay un tercer rubro que, de acuerdo con el documento que detalla la propuesta, es susceptible de ser disminuido. Tiene que ver con reducir el gasto de operación del gobierno diferente de sueldos y salarios, sin tocar los subsidios y aportaciones federales. Especialmente plantea eliminar los seguros de gastos médicos para la alta burocracia, que son pagados con recursos de los contribuyentes; eliminar la partida destinada al pago de un seguro de separación y eliminar algunas plazas como: secretario privado, secretario técnico, asesores o equivalentes. No pagar más pensiones a ex presidentes, racionalizar y hacer más eficientes las compras de bienes y servicios para el gobierno, eliminar gastos por telefonía celular, remodelación de oficinas, además de prohibir el uso de aviones privados con cargo al presupuesto y la compra de autos para funcionarios federales.

En conjunto, según el documento, estas medidas generarían un ahorro anual de entre 160 mil y 170 mil millones de pesos, que se suman a los 90 mil millones de pesos detallados anteriormente.

El plan de austeridad propuesto por la izquierda electoral también abarca las entidades federativas, que son presupuestalmente autónomas del gobierno central. Sin embargo, se plantea que si los gobiernos estatales realizan acciones análogas a las planteadas para el gobierno federal se generaría un ahorro de 50 mil millones de pesos, con lo que se completarían los 300 mil millones de que habló el candidato López Obrador en el debate del domingo pasado. Estos recursos ahorrados serían empleados en detonar proyectos de inversión a escala local.

En la oficina de campaña de López Obrador no fue atendida una llamada de este diario para solicitar más información sobre la propuesta.

La propuesta de López Obrador consiste en reducir los tabuladores del nivel superior del gobierno federal para ajustarlos a la realidad del escaso ingreso de la población y así liberar recursos para financiar algo de las más urgentes necesidades, planteó Turner. Para un administrador prudente, es evidente que en el gasto corriente del gobierno hay dispendio, corrupción, derroche y mucha ineficiencia. La población demanda se elimine este dispendio y López Obrador está dispuesto a apretar el cinturón, empezando por él mismo, para poner la muestra a los otros poderes y organismos autónomos, abundó.