nrique Peña Nieto no ha encontrado la manera de superar con inteligencia política las crecientes y cada vez más desbordadas manifestaciones juveniles de rechazo a su candidatura. Al contrario, tal como sucedió el famoso Viernes Negro de la Universidad Iberoamericana, el peñanietismo se ha asomado con irresponsabilidad estremecedora a los portales de la violencia contra sus opositores, organizando grupos de parapriísmo, siempre con el apoyo de gobernadores locales pertenecientes al partido de tres colores y asumiendo cada vez de manera más abierta una suerte de reivindicación orgullosa de las glorias históricas del porrismo y los Halcones.

Una muestra peligrosísima de ese jugar con fuego que en su ignorancia e insensibilidad políticas practican mandos privilegiados del ente volátil llamado peñanietismo se produjo la semana pasada en el estadio Azteca, cuando miles de jóvenes (un cálculo generalizado hablaba de 16 mil) fueron llevados en 400 camiones a un partido de poco atractivo entre las selecciones nacionales de futbol de México y Guyana. Provenientes en su mayoría de los estados de México y de Hidalgo (de donde provienen abundantes y sabidos apoyos a la campaña de Peña Nieto, con cuadros activos como el gobernador Eruviel Ávila y los ex gobernadores Miguel Ángel Osorio Chong y Jesús Murillo Karam), los jóvenes fueron llevados para contrarrestar activamente la anunciada pretensión de algunos segmentos del movimiento 132 de corear durante el encuentro deportivo consignas contra el abanderado presidencial priísta, movidos por el desahogo masivo en sí pero, sobre todo, por la obligada resonancia que esos gritos tendrían en las transmisiones televisivas del caso.

The Guardian hizo el involuntario favor de desplazar del escenario la torpe e increíble provocación priísta del estadio Azteca. Concentrada en los pormenores de la retomada denuncia sobre las relaciones comerciales entre Televisa y el entonces gobernador Peña Nieto, la atención pública ya no pudo analizar los detalles de esa demostración priísta de que hay jefes dispuestos a activar a miles de jóvenes para arrojarlos en contra de otros que se oponen a Peña Nieto. Lo sucedido en ese partido de futbol quedó en enfrentamientos físicos menores y no generalizados y en un sostenido ambiente de crispación, pero es evidente que los priístas iban decididos a avanzar en el plano de la violencia política hasta donde fuera necesario.

En las calles, y justamente en contra de esa competencia marcadamente inequitativa y de las evidencias de que se preparan maniobras electorales y mediáticas para imponer a Peña Nieto, se desarrolla una protesta pública que adopta formas no sólo imaginativas sino, con frecuencia, fuera de control (porque así es la dinámica de esa movilización juvenil: sin dirigentes consolidados, con una gran dosis de improvisación y audacia). En ese trayecto político tan poroso e impreciso es natural, una obligación en automático de los órganos gubernamentales de espionaje y de los grupos de poder que tratan de sustituir e incluso de retar al Estado, el envío de informantes e infiltrados que en determinado momento pueden servir de provocadores.

En ese panorama peligroso se ha visto el esquema claro de los grupos de parapriísmo en Córdoba, Veracruz; Saltillo, Coahuila, y la ciudad de Colima, donde jóvenes opositores a EPN fueron abiertamente agredidos. Luego vino aquella colocación de una Suburban oscura en Querétaro como señuelo para que jóvenes arremetieran físicamente contra ese vehículo mientras las cámaras grababan lo que luego sería exhibido en noticieros aliados como muestra de la violencia estudiantil. Hasta llegar al episodio de ayer, cuando manos juveniles llegaron a golpear los vidrios blindados de la camioneta en que viajaba Peña Nieto en alguno de los desplazamientos que tuvo en Tepeaca, Puebla.

La violencia política es un recurso desesperado en procesos políticos que desde poderes constituidos se ven perdidos, pero también puede ser una expresión social irresponsable (genuina o sembrada) que por expresar duro rechazo a una opción partidista podría acabar dañando a las que sí le parecen aceptables. El movimiento 132, en sus distintas variantes, debería analizar a fondo lo que hoy está sucediendo con esas protestas y precisar los límites del activismo espontáneo y los riesgos de las provocaciones armadas, de tal manera que no se abra la puerta a los demonios que, de por sí, bastante sueltos y alebrestados andan.

En otro asunto (que es el mismo): el pasado viernes 8, a las 10 de la noche con 3 minutos, quedó formalmente registrada en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, una eventualidad considerada como relevante: la detección de 6 mil 319 boletas electorales sobrantes a causa de lo que los funcionarios y representantes partidistas atribuyeron a un evidente error de impresión de Talleres Gráficos.

Las boletas, que habrían servido para votar por presidente de la República, senadores y diputado federal del distrito electoral 10, llevan una numeración de folios que no permite suponer que su aparición se hubiese debido a problemas o descuidos al inicio o al corte de cada serie de impresiones. La constancia oficial de todo lo allí sucedido está en www.astillero.tv, donde se pueden ver al detalle el número de boletas sobrantes que habrían sido enviadas a cada uno de los 56 municipios del distrito, con los respectivos números de folios. Esas boletas sobrantes, según se asienta en los documentos en mención, fueron inutilizadas mediante dos líneas diagonales, posteriormente se depositaron en una caja que debidamente se selló y se firmó. Y todos felices. Pero, ¿cuántas boletas sobrantes fueron impresas por los Talleres Gráficos? ¿El IFE dará una explicación pública convincente de lo que ha sucedido con esas miles de impresiones que abonan la fundada sospecha de que hay operaciones de fraude electoral en curso? ¿Habrá una justificación técnica de esa generación de excedentes que fueron insertos entre las boletas válidas? ¡Hasta mañana!

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