De acuerdo con una investigación de la historiadora Ángeles Magdaleno Cárdenas, el gobierno de la ciudad de México pagó en octubre de 2008 un sobreprecio por la realización de 13 programas de televisión de la serie Gregoria la cucaracha, de la autoría de Teatro Cabaret Las Reinas Chulas AC, representada por Nora Isabel Huerta Camacho, quien cedió sus derechos autorales al Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal (ICyTDF), dirigido entonces por María Esther Orozco Orozco.

Según el convenio de colaboración celebrado entre la paraestatal Televisión Metropolitana SA de CV, conocida como Canal 22, y el ICyT, la primera debería aportar 15 por ciento del costo de los 13 programas de la obra y el ICyT, 35 por ciento; sin embargo, Canal 22 aportó 34 mil pesos e ICT desembolsó 3 millones 268 583 pesos. Es decir, ICT sobrevaluó más de 40 veces (9 millones 338 mil 808 pesos con 35 centavos) el costo de producción estimado por Canal 22 (226 mil 667 pesos).

La investigadora agrega que estas cifras demuestran que si bien para el Canal 22 Gregoria la Cucaracha es un insecto casero, para el ICyTDF se trató de la mismísima cucaracha de Kafka, en alusión a la obra del escritor checo autor de La metamorfosis.

El convenio mencionado establece que en la realización de la serie, además del ICyT y Canal 22, la compañía teatral Las Reinas Chulas aportaría otro 35 por ciento y la UACM 15 por ciento, para cubrir el costo total.

Tanto los porcentajes como las cifras fueron obtenidas por la historiadora, a través de solicitudes de información pública gubernamental con folios, 1142500002111 y 1142500003811, dirigidas a Televisión Metropolitana SA de CV, el 20 de mayo de 2011 y 20 de septiembre de ese mismo año, respectivamente, y pueden ser consultados por medio del buscador del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Ifai) y a la Oficina de Información Pública del ICyT de fecha 6 de septiembre de 2011, que también esta disponible públicamente en el Sistema Infomex del Distrito Federal.

La historiadora, que se ha especializado en el fondo documental de la extinta Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales de la Secretaría de Gobernación (IPS) resguardado en la galería número 2 del Archivo General de la Nación, de cuyos expedientes ha recreado los asesinatos del general Álvaro Obregón y del profesor Misael Núñez Acosta, añade que su investigación surgió luego de que el ICyTDF eliminó de su página de Internet los documentos a que obliga la Ley de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales consistentes en los convenios firmados por ese instituto, mismos que desaparecieron, los resúmenes de adquisiciones de los años 2007, 2008 y 2009 correspondientes a la gestión de Esther Orozco que hasta el día de hoy siguen perdidos.

Por ejemplo, en cuanto llegó al ICyTDF, Orozco adquirió varias computadoras personales y en 2010 cuando entregó el inventario de bienes propiedad del ICyTDF, resultó que sólo había una computadora.

Además firmó dos convenios por una cantidad total de 2 millones 500 mil pesos para identificar los genes de la criminalidad, lo que es una vergüenza para cualquiera en esta ciudad, por el determinismo biológico que implica, porque cualquiera sabe que en la personalidad influyen múltiples factores, incluido el ambiente social y económico.