Madrid, 7 de junio. Las turbulencias continúan en la economía española. El Fondo Monetario Internacional (FMI) presentó un informe en el que cifra en 40 mil millones de euros las ayudas que necesita el sistema bancario del país para cubrir la quiebra de su cartera crediticia. Una previsión negativa que se sumó a una nueva rebaja de la solvencia de España por parte de la agencia calificadora Fitch, que la situó al borde del bono basura y con una perspectiva negativa a mediano y largo plazos.

Esto ocurre en una semana marcada por las negociaciones de varias bandas del jefe del Ejecutivo español, el conservador Mariano Rajoy, cuyo propósito es obtener fondos para salvar el sistema bancario y evitar la intervención por la vía del rescate, como sí ocurrió con Portugal, Grecia e Irlanda.

España pretende encontrar una vía alternativa, en la que el Banco Central Europeo (BCE), con el aval de la Unión Europea (UE), inyecte dinero al Fondo de Restructuración Bancaria (Frob) sin pasar por el aval del Estado, lo que supondría una fiscalización mayor del gobierno en sus medidas económicas.

La titular del FMI, Christine Lagarde, sostuvo una reunión hace una semana con la vicepresidenta primera del gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, en la que habrían abordado las previsiones del organismo internacional ante un escenario de rescate del país ibérico.

El informe del FMI sostiene que al menos 30 por ciento del sistema bancario español no logrará salir a flote sin ayudas económicas de gran calado, que cifró en 40 mil millones de euros.

Cabe señalar que sólo Bankia, antes Caja de Madrid y uno de los cuatro bancos más grandes del país, necesita para subsistir más de 23 mil 400 millones de euros, que serán aportados en parte por los contribuyentes españoles.

Para añadir más incertidumbre y zozobra a la frágil economía, la agencia Fitch rebajó la calificación de solvencia de España desde la A, que equivale a un índice alto, a la BBB, que equivale a una solvencia satisfactoria pero más próxima al bono basura que a la condición de óptima.

La agencia estadunidense argumentó que el deterioro de la deuda soberana española se debe a diferentes motivos, relacionados con la restructuración bancaria y el elevado endeudamiento, y cifró entre 60 mil y 100 mil millones las ayudas que necesitará el país para lograr una profunda restructuración de la economía y la recapitalización del sistema bancario.

Luis de Guindos, ministro de Economía del gobierno de Mariano Rajoy, durante su comparecencia ante la comisión del ramo del Parlamento español, en Madrid, este juevesFoto Reuters

Fitch vaticinó, además, que España seguirá en recesión durante el resto del año y en 2013, como han previsto prácticamente todos los organismos internacionales y los bancos, e incluso los institutos de análisis españoles.

Veto del PP en el caso Bankia

Mientras en el exterior se sigue cuestionando al sistema bancario español y la viabilidad del país a mediano y largo plazos, el derechista Partido Popular (PP) aplicó el rodillo de su mayoría absoluta en el Congreso para vetar algunas comparecencias incómodas sobre el caso de la quiebra de Bankia, sobre todo la del gobernador saliente del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, quien renunció al cargo por desencuentros con el gobierno en la crisis de Bankia.

A pesar de que las comparecencias se llevaron a cabo a puerta cerrada, la mayoría del resto de partidos criticaron el veto del PP. El opositor Partido Socialista Obrero Español (PSOE) anunció que no asistirá a futuras comparecencias. No aceptamos otra fórmula, lo que propone el PP es un inmenso fraude y no asistiremos, expuso el vocero socialista.

Mientras, el representante de Convergencia i Unio (CiU), Josep Sánchez Llibre, expresó su malestar por la actitud del PP, que calificó de poco seria, poco transparente e incoherente.

Por su parte, Cayo Lara, de Izquierda Unida, dijo que es una cortina de humo con unas comparecencias de quienes poco o nada tienen que aportar en la depuración de responsabilidades de Bankia.

Por último, Luis María Linde fue nombrado gobernador del Banco de España, con lo que se eligió a un incondicional del gobierno y del ministro de Economía, Luis de Guindos.

El BCE y la UE habían insistido en que era necesario elegir a un técnico capaz e independiente que diera credibilidad al órgano regulador. Ambas instancias se habían inclinado por otro de los que estaban en la terna, José Manuel González Paramos.