El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) investiga al juez Efraín Cázares López por haber dejando en libertad a varios integrantes del grupo de los Caballeros Templarios que habían sido detenidos por soldados y policías federales en operativos en contra del narcotráfico y crimen organizado en Michoacán.

Fuentes judiciales confirmaron lo anterior y agregaron que la suspensión del juez primero de distrito de procedimientos penales con sede en Morelia es independiente de la averiguación previa que lleva a cabo la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo), la cual emitió una orden de localización y presentación para que el juzgador sea interrogado por el Ministerio Público Federal.

De acuerdo con los informantes, el CJF detectó que en diversos operativos antidrogas, el juez Cázares se negaba dictar autos de formal prisión en contra de los detenidos –los cuales después se comprobó que pertenecían al grupo de los Caballeros Templarios.

Libres de culpas

Al ser liberados los sujetos de esa forma, la Procuraduría General de la República (PGR) quedaba prácticamente imposibilitada de ejercer acción penal en su contra.

Trascendió que el consejo resolvió hace unos días destituir de su cargo al juez Cázares e iniciar la investigación respectiva, también como una forma para facilitar el desarrollo de la averiguación previa que inició la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada en contra del juzgador. Sin embargo, precisaron, los asuntos se manejan por cuerdas separadas.

Respecto a las versiones extraoficiales de que la PGR lo investiga por haber dejado en libertad a varios de los alcaldes relacionados con el michoacanazo, los informantes precisaron que para el consejo, esas decisiones no fueron valoradas negativamente, porque en dicho asunto fueron varios los jueces que coincidieron en reconocer que la PGR no aportó las pruebas suficientes para demostrar su culpabilidad.

Según fuentes de la PGR, la dependencia investiga presuntos nexos del juzgador con La Familia Michoacana e inició su vigilancia sobre el juez desde septiembre de 2010, cuando Arturo Chávez Chávez, entonces titular de la PGR, presentó una queja contra el impartidor de justicia ante el Consejo de la Judicatura.