iete de cada ocho de los nuevos votantes acreditados por el Instituto Federal Electoral (IFE) de 2006 a este año provendrán de zonas no urbanas, pese a que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó en el censo nacional de población de 2010 que cada vez eran menos los mexicanos que vivían en áreas rurales. Visto de otra manera, en estos seis años aumentó el número de mesas receptoras de votos en una proporción peculiar, pues por cada diez nuevas mesas por instalar en zonas no urbanas habrá 1.5 en área urbana.

Las contradictorias clasificaciones entre los dos institutos citados permitirán que para los próximos comicios se presente a las urnas casi el mismo número total de votantes no urbanos (26 millones, con nuevos y antiguos integrantes del padrón electoral, según el IFE), que el total de los habitantes de la zona rural (25 millones de todas las edades, incluyendo niños, adolescentes, jóvenes y adultos, según el Inegi).

Los datos provienen del estudio realizado por los científicos Luis Mochán y Víctor Manuel Romero, quienes en 2006 descubrieron fuertes anomalías en la elección presidencial, y por Fernando Magariños. Siempre fundadas en datos públicos del IFE y el Inegi, las estadísticas raras se expresan en cifras redondeadas:

“El IFE clasifica a las casillas como urbanas y no urbanas. En 2006 el número total era de 131 mil. De éstas, 70 por ciento eran urbanas y 30 por ciento no urbanas. En 2012, el número total de casillas es 143 mil. De éstas, 64 por ciento son urbanas y 36 por ciento no urbanas. Se tuvo un incremento de 12 mil casillas de 2006 a 2012. De éstas, mil 500 son urbanas y 10 mil 500 son no urbanas.

“En 2006 el padrón era de 71 millones de votantes. De éstos, 52 millones eran urbanos y 19 millones no urbanos. En 2012 el padrón es de 79 millones de votantes. De éstos, 53 millones son urbanos y 26 millones son no urbanos. Se tuvo un incremento de 8 millones de votantes de 2006 a 2012. De estos, un millón son urbanos, 7 millones son no urbanos.

En 2000 la población del país era de 97 millones de personas, 75 por ciento urbana y 25 por ciento rural. En 2010 la población del país era de 112 millones de habitantes, de los cuales 78 por ciento es urbana y 22 por ciento rural. La población urbana muestra un incremento con respecto a la rural. En 2010 la población urbana es de 87 millones de personas, mientras que la rural es de 25 millones.

El IFE debe explicar rigurosamente las razones que tuvo para hacer las clasificaciones y reseccionamientos que arrojan los datos duros consignados aunque, habiéndose publicado aquí mismo en días anteriores un esbozo del asunto (sin las precisiones que hoy se ofrecen), el consejero presidente, Leonardo Valdés Zurita, evitó pronunciarse, resistiendo incluso las insistentes exhortaciones que en Twitter se le hicieron.

Los extraños acomodos del aparato receptor del voto, al multiplicar el volumen del sufragio no urbano de manera brutal (este término fue comentado por uno de los autores del estudio) encuentran una llamativa coincidencia estadística con el vivero electoral en que suele encontrar provisiones salvadoras el partido de tres colores: el voto llamado verde y no en referencia a sus aliados de falsa ecología, sino a segmentos rurales que le resultan al PRI más manejables que los urbanos. Allí el tricolor ha encontrado fórmulas para dar la vuelta a votaciones que en lo urbano parecían aplastantemente perdidas. En una elección como la próxima, esos pertrechos de campo podrían resultar definitorios para explicar una eventual disparidad entre lo que los pobladores de las ciudades hayan vivido y lo que las cifras oficiales reporten.

Siguen llegando múltiples reportes de irregularidades en el proceso de designación de funcionarios de mesas receptoras de votos y de su obligada capacitación. Combinaciones de todo tipo que acaban mostrando un ánimo descuidado o, por el contrario, muy dirigido a desalentar la participación de ciudadanos y, de manera marcada, a cerrar el paso a quienes tienen preparación académica notable.

En ese sentido es muy ilustrativo lo que a esta columna comenta José G. Carmona García, quien fue consejero en el Instituto Electoral de Tamaulipas, a propósito del episodio narrado en anterior columna e intitulado La ciudadana Radetich: “Situaciones muy similares se están presentando en Ciudad Victoria. Para muestra: un conocido resultó insaculado, se le notificó al respecto y a la semana le llegó el nombramiento como presidente de casilla ¡sin ser capacitado! Nos enteramos de varios casos similares. Claro, la reacción de las personas, en la mayoría de los casos, ha de ser ‘yo no iré, pues no me siento preparado para esa responsabilidad’. ¡Exactamente eso es lo que se espera! Total, ya estarán tempranamente formados los ciudadanos que, por ley, podrán ser nombrados de la fila como funcionarios de casilla. No se dificulta mucho suponer de quiénes se trata. La ‘estrategia’ se implementó en 2006 y curiosamente estaban tempranamente formados los maestros que pasarían a ser tomados de la fila para ejercer como funcionario de casilla. Así las cosas, no creo que sean pifias o descuidos del IFE, creo que es una estrategia implementándose”.

Astillas

El arzobispado de Oaxaca se regodeó ayer al reproducir en su portal de Internet unas falsas declaraciones de la subprocuradora de justicia del estado, Iliana Hernández Gómez, en el sentido de que se daban 72 horas para que La Jornada entregara los documentos y videos que han sustentado las denuncias, bajo la firma de este tecleador astillado, del actuar pederasta del presbítero Gerardo Silvestre Hernández y de la comprobada protección que le sigue otorgando el arzobispo José Luis Chávez Botello. A partir de esa mentira, la cuenta de Twitter @LumenRadioOax se esmeró en denunciar el periodismo fanático, las fuentes dolosas en las que abrevan quienes causan dolor y división y la exigencia de que el autor de las notas de denuncia compareciera para dar datos a la autoridad. La subprocuradora desmintió lo que se le atribuía... ¡hasta mañana!

Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx