Carlos Pavón, quien este lunes acusó a la campaña de Andrés Manuel López Obrador de recibir recursos de manera ilegal mediante un fideicomiso del sindicato minero, tenía hace cinco años una opinión completamente opuesta a la de ahora sobre la forma en que se administran esos fondos, que suman 55 millones de dólares.

Nunca existió ningún delito con el manejo de los recursos de un fideicomiso por 55 millones de dólares constituido por el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, dirigido por Napoleón Gómez Urrutia, declaró Carlos Pavón el 11 de junio de 2007.

La acusación de un manejo irregular de esos 55 millones de dólares fue uno de los principales argumentos del gobierno del ex presidente Vicente Fox Quesada para enderezar una ofensiva legal contra Gómez Urrutia –que se mantuvo desde la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en esta administración– para tratar de separarlo de la dirigencia del sindicato minero.

El intento de retirar de la dirigencia del sindicato minero a Gómez Urrutia fue una de las primeras reacciones del gobierno foxista después de que una explosión en la mina Pasta de Conchos, propiedad del Grupo México, del empresario Germán Larrea, provocó la muerte de al menos 65 mineros el 19 de febrero de 2006.

Gómez Urrutia, quien ha sido ratificado en la dirigencia minera, vive desde entonces en Canadá.

Este lunes, Carlos Pavón, quien dirige el Sindicato Nacional Minero Metalúrgico Don Napoleón Gómez Sada, solicitó al Instituto Federal Electoral que investigue un supuesto financiamiento de la organización gremial que dirige Gómez Urrutia a la campaña de Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Movimiento Progresista.

Según Pavón, los recursos formarían parte de los 55 millones de dólares del fideicomiso minero, el mismo que hace cinco años –cuando todavía no se enfrentaba con Gómez Urrutia– aseguraba que se manejaba con toda legalidad.

En una nota publicada por La Jornada el 12 de junio de 2007, Carlos Pavón declaró que prácticamente había quedado comprobado legalmente que no había delitos que perseguir contra Gómez Urrutia respecto del manejo del fideicomiso, constituido a partir de recursos aportados para la indemnización de mineros de puntos específicos del país.

Las denuncias por supuestos malos manejos de esos recursos por la dirigencia encabezada por Gómez Urrutia, declaró entonces Pavón, estuvieron mal sustentadas, dado que se señalaba que habían desaparecido recursos, pero se pudo comprobar su destino. La mayor parte de ese dinero está en las cuentas bancarias del sindicato que fueron congeladas, según explicó entonces.

Pavón, en ese tiempo secretario de asuntos políticos del sindicato minero encabezado por Gómez Urrutia, dijo entonces que después de 15 meses de investigación sobre el uso de los recursos del fideicomiso, se determinó que nunca existió ningún delito.