La reducción de la muerte materna no será posible mientras las acciones se limiten al ámbito de la salud. Los países deben reconocer que se trata de un derecho humano en el que están involucrados diversos factores económicos y sociales que contribuyen al problema, advierten expertos del Grupo de Trabajo Regional (GTR) para la Reducción de la Mortalidad Materna.

Entre otras medidas –señala–, se requiere integrar el tema de género en todos los programas de desarrollo, sancionar y prevenir la violencia de género, así como invertir en la educación de la niñas, evitar el embarazo temprano y no planeado, y crear oportunidades de trabajo para la mujer.

El GTR es un organismo integrado por representantes de la Organización Panamericana de la Salud, agencias de Naciones Unidas, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, Cepal y organizaciones civiles, entre otros. Tiene la finalidad de coordinar esfuerzos para abatir las muertes de mujeres por causas relacionadas con la maternidad en América Latina y el Caribe, región en la que el indicador todavía es muy alto.

De acuerdo con información publicada en 2007 por Naciones Unidas, en esa zona se registran 132 decesos maternos por 100 mil nacidos vivos. Aunque la cifra representa una séptima parte de lo que ocurre en África subsahariana (905 por 100 mil), tiene detrás un severo problema de desigualdad, pues en algunos lugares la tasa de mortalidad es de hasta 500 por 100 mil.

Por primera vez, los miembros de GTR se reunirán la próxima semana en México para realizar una evaluación del tema; darán a conocer los retos que todavía enfrentan los países para prevenir estos fallecimientos y el compromiso que realmente tienen para lograrlo.

La zona con mayor fallecimientos por aborto

En el informe Oportunidades y retos para la reducción de la muerte materna en América Latina y el Caribe, advierten que los escasos avances en esta región se deben a que el abordaje se ha dado sólo desde la perspectiva sanitaria, lo cual, además de insuficiente, requiere mecanismos de vigilancia y supervisión –inexistentes en la actualidad– sobre el uso de los recursos económicos en todos los niveles de gobierno.

Menciona que las reformas a los sistemas de salud tampoco han logrado asegurar el derecho a la salud de las embarazadas, pues no hay garantía de cobertura universal a un paquete de servicios básicos para la maternidad.

Tampoco existe una gerencia sólida y funcional en muchos sistemas de salud, mientras los procesos de descentralización de los servicios tienen pendiente asegurar la consistencia de las políticas de salud materna a todos los niveles administrativos, particularmente desde la perspectiva de la provisión de servicios.

El aborto es uno de los factores que contribuyen a incrementar la cifra de fallecimientos. El reporte refiere estimaciones de que más de 20 por ciento de los embarazos en la región terminan en un aborto realizado en condiciones de riesgo y las interrupciones inducidas contribuyen con alrededor de 15 por ciento a las muertes maternas. Por eso, es la zona del mundo con la mayor proporción de decesos por esta causa.

Los expertos señalan que los grupos de mujeres indígenas, pobres, que viven en zonas rurales, adolescentes y jóvenes y las que tienen menor nivel educativo son los que reportan la proporción más alta de mortalidad materna.

Lograr una maternidad segura en los servicios médicos implica poner a disposición de las mujeres servicios de salud reproductiva integrales, es decir, atención prenatal, posnatal, acceso a métodos anticonceptivos, diagnóstico y tratamiento de infecciones de transmisión sexual y atención clínica posaborto.

También es indispensable la atención de personal médico calificado en el parto, antes y después del mismo, y cuidados obstétricos y neonatales de emergencia. Sin embargo, en América Latina y el Caribe la presistencia de defunciones maternas se debe a inequidades dentro de cada uno de estos componentes.

Los especialistas mencionan el caso de Guatemala, donde en 2002, 47 por ciento de las mujeres que viven en zonas urbanas utilizaba algún método anticonceptivo moderno, mientras en las áreas rurales el porcentaje era de 26.