El manejo del agua en el valle de México se ha convertido en botín y negocio de unos cuantos, pues, a pesar de la creciente escasez del líquido, desde la Comisión Nacional del Agua (Conagua) se han impulsado obras de gran magnitud y costo que no han tenido ningún resultado, afirmó Aleida Alavez, secretaria de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).

Después de una reunión con expertos en materia hídrica de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa (UAMI), la asambleísta detalló que análisis de investigadores universitarios como Elena Bours, Pedro Moctezuma y Juan José Santibpáñez señalan que en el actual sexenio este organismo ha invertido alrededor de 44 mil millones de pesos en proyectos que son hipopótamos blancos, porque no han tenido ningún impacto en mejorar o incrementar el suministro de agua.

Entre esas obras se encuentra el emisor oriente, así como las plantas residuales de Atotonilco y El Caracol, que se construyen con recursos públicos y y privados, pero de los detalles no se conoce nada, porque la información está reservada, refirió.

Tenemos problemas para abastecer de agua a la población, pero en lugar de impulsar acciones para potabilizarla o inyectarla al acuífero, se gastan millonadas para bombear y sacarla de la ciudad, apuntó.

Aunado a estas obras mal concebidas, señaló que otro caudal de recursos se destina anualmente para el bombeo de aguas residuales, pues, según estimaciones de los especialistas, se pagan alrededor de 5 mil millones de pesos a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por el consumo de energía eléctrica que se requiere para realizar esta actividad.

Esa situación, consideró la diputada del partido del sol azteca, es lamentable, pues para echar a andar el proyecto para rescatar la laguna Xico, en Tláhuac –que cuenta con la anuencia de las autoridades de los tres niveles de gobierno, incluida la Conagua–, el cual serviría para dotar de agua a la zona oriente de la ciudad, se necesita un presupuesto de 3 mil millones, es decir, una cifra menor a la que se usa cada año para sacar el agua de la ciudad.

Ante ello, adelantó que desde la Cámara de Diputados se buscará retomar la propuesta de la reforma al artículo cuarto constitucional y en materia de la Ley de Aguas Nacionales, promovida por organizaciones de la sociedad civil, para que se incluya la participación de los gobiernos de las diferentes entidades en el diseño de la política hídrica.

De esta manera, abundó, se busca que no sea facultad exclusiva del gobierno federal y se logre un manejo integral del agua, y no obras millonarias que no sabemos a quién benefician.