El ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, una educación sexual integral basada en información científica y no dogmas religiosos, así como la atención puntual del VIH-sida y la comunidad de la diversidad sexual son varios de los grandes pendientes en materia de sexualidad, señalaron especialistas y activistas en la defensa de esos derechos durante la última sesión del foro Los grandes problemas nacionales, organizado por el Movimiento Regeneración Nacional.

En la última mesa, María del Consuelo Mejía, directora de Católicas por el Derecho a Decidir, afirmó que la condición de Estado laico es indispensable para la defensa y ejercicio de los derechos de las mujeres, particularmente los sexuales y reproductivos, y advirtió que hay una serie de creencias dogmáticas que pretenden convertirse en políticas públicas, y ello da cuenta de una violación al Estado laico.

Apuntó que es necesario llamar a cuentas a los funcionarios que negocian con nuestros derechos e instrumentar un programa nacional de educación sexual con información científica.

La académica Ana Lara señaló que existe una doble moral en instituciones sociales como la familia y la escuela para abordar temas de la sexualidad con niños y jóvenes, muestra de ello es la reticencia del sistema educativo para referirse a algo más que no sea la biología de la reproducción; la presencia de la sexualidad como heterosexual, misógina y homófoba y las posiciones que sólo reconocen moralmente válidas las prácticas de la sexualidad con fines reproductivos y ajenas al goce de placer.

De los libros de texto, planes de estudio y programas oficiales, refirió que contribuyen a reforzar prejuicios e información imprecisa de la sexualidad.

El enfoque e información de dichos instrumentos educativos contribuye a responsabilizar a la mujer por los embarazos no deseados y a excluir a los varones de su responsabilidad en la prevención de los mismos.

Tampoco brindan información clara y puntual sobre métodos anticonceptivos y el tema del VIH-sida se resume a sólo cien palabras, con una clara tendencia a la estigmatización de ciertas preferencias sexuales.

Juan Jacobo Hernández, del Colectivo Sol, afirmó que existe un gran rechazo en la clase política mexicana a abordar el tema del VIH y la diversidad sexual.

Alertó que, en lo que toca a la epidemia del sida, las mujeres están invisibilizadas para las políticas públicas en la materia, pues únicamente se refieren a ellas para que acudan a hacerse la prueba del VIH en caso de estar embarazadas.

Advirtió que de acuerdo con un reciente diagnóstico situacional realizado en 23 ciudades de la República, en el país hay una epidemia concentrada de sida, es decir, que el porcentaje de casos en las poblaciones de alto riesgo (hombres que tienen sexo con otros hombres, trabajadoras(es) sexuales, usuarios de drogas inyectables y transexuales) llega a 17 por ciento, cifra comparable con países del continente africano, emblemático por la epidemia de sida que enfrenta, si bien a nivel general el porcentaje es de 0.03 por ciento.

Respecto de la comunidad de la diversidad sexual, los crímenes de odio, la homofobia y la exclusión laboral, educativa y social de que es víctima, dan cuenta de la falta de voluntad política de quienes toman decisiones.