l presidente de la trasnacional Repsol –una petrolera sin petróleo propio–, Antonio Brufau, se dice dispuesto a dialogar con la autoridad para alcanzar un acuerdo civilizado en torno a la expropiación de YPF, ordenada el pasado 16 de abril por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y es tal la buena voluntad de dicho personaje, que lo demuestra en los hechos: dos semanas atrás inició el proceso formal para demandar al gobierno de aquel país en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), un oscuro organismo del Banco Mundial creado para proteger a las trasnacionales de las decisiones soberanas de un Estado, como en el caso concreto de Argentina.

De ese tamaño es la buena voluntad del empresario catalán, quien reclama no menos de 10 mil 500 millones de dólares por lo que considera un despojo, es decir, la soberana decisión del gobierno argentino de regresar a la nación lo que a la nación corresponde. No es gratuito que Brufau haya recurrido al CIADI (cuya autoridad recae en el propio presidente del Banco Mundial), organismo destinado a dirimir controversias entre las trasnacionales y los gobiernos que acepten someterse a tribunales distintos a los nacionales, o lo que es lo mismo, a quienes acepten perder el caso incluso antes de que el juicio comience. Lo lamentable del caso es que 158 gobiernos han doblado las manos y suscrito tal perversidad (por cierto, el mexicano no está entre ellos, en el entendido de que es defensor nato de las trasnacionales).

Dos semanas atrás, Repsol –con la buena voluntad de su presidente a la cabeza– empezó la ofensiva judicial en contra del gobierno argentino, y ayer Antonio Brufau exigió a la presidenta Fernández de Kirchner que lance una oferta pública de adquisición sobre las acciones de YPF no expropiadas en abril (el Estado argentino se quedó con 51 por ciento del total), con el fin de que la trasnacional pueda incrementar, aunque sea marginalmente, su ahora raquítica participación en la, de nueva cuenta, empresa estatal.

La prensa argentina reseñó (16 de mayo de 2012) que “Repsol inició las acciones legales para que se declare ilícita la actuación de Argentina y se la condene a restaurar la situación (es decir, devolver YPF) o, en caso contrario, indemnizar a la compañía (Repsol) por los daños y perjuicios ocasionados. La petrolera española pedirá al organismo de arbitraje (CIADI) que imponga una compensación de 10 mil 500 millones de dólares por su participación de 51 por ciento en YPF, que ha pasado a manos del Estado argentino. Repsol subrayó que la expropiación de sus inversiones es ‘ilícita’ y no ha ido acompañada de ninguna de las garantías exigidas por el Tratado de Promoción y Protección de Inversiones, firmado por Argentina y España en 1991, ‘ni tan siquiera de la que contempla el pago de una indemnización adecuada y sin demora a cualquier medida expropiatoria’. También se indicó que la empresa usará como argumento el trato discriminatorio recibido por Argentina. Repsol y la diplomacia española han presentado sus demandas ante la Comisión Europea. Esta entidad reconoció que se está contemplando denunciar a Argentina por expropiación ante la Organización Mundial de Comercio. Además de esta iniciativa, Repsol remitió cartas a diez grandes petroleras indicando que querellará en contra de cualquier compañía que realice inversiones en YPF”.

El empresario catalán pretende aplicar la política de palo y zanahoria para doblar a la inquilina de la Casa Rosada. Sin embargo, olvida que, gracias a la negra herencia de privatizaciones de los dos periodos presidenciales de Carlos Saúl Menem, el gobierno argentino ha tenido que enfrentar un verdadero diluvio de demandas judiciales en el seno del CIADI (organismo que hace hasta lo impensable para impedir que la justicia de una nación soberana actúe en contra de los intereses trasnacionales), y algo de colmillo ha obtenido de todo esto. Por ejemplo, a mediados de 2005 –cuando Néstor Kirchner despachaba en la Casa Rosada– el erario de aquella nación corría el riesgo de pagar alrededor de 17 mil millones de dólares para resarcir a los consorcios foráneos que resultaron afectados por decisiones de la autoridad nacional (incluyendo las relativas al corralito y a la devaluación decretada por el mandatario anterior, Fernando de la Rúa).

Felizmente no llegó a mayores, gracias al buen capote del ex mandatario. El gobierno de Kirchner enfrentó cerca de 35 demandas en el CIADI, todas ellas presentadas por la red de empresas trasnacionales que, gracias a Menem, acapararon la economía de aquella nación y controlaron prácticamente la totalidad de los sectores productivos (electricidad, petróleo, agua, gas, banca, finanzas, productos alimenticios, telecomunicaciones, etcétera). Aunque no en todos los casos el erario de aquel país sudamericano la libró. En 2002, por ejemplo, el gobierno argentino fue declarado culpable y condenado a resarcir los daños causados a la trasnacional estadunidense CMS Energy. Por decisión del CIADI, el tesoro argentino pagó 133.2 millones de dólares por un acto criminal: congelar las tarifas de energía eléctrica (una decisión gubernamental) ante la rudeza de la crisis económica, y violación contractual en relación con su participación de 30 por ciento en la empresa Transportadora de Gas del Norte.

En 2003 otra trasnacional española, Telefónica, presentó una demanda contra el gobierno argentino. Exigió 2 mil 834 millones de dólares, por el impacto negativo causado por la devaluación de 2001 (un año atrás, el mismo consorcio procedió en contra del gobierno chileno: 274 millones de dólares, por daño económico provocado a los accionistas por irregularidades en el decreto que regula las tarifas de esa compañía, es decir, la pesificación de tarifas generó menores ganancias). Toca el turno de Repsol y su presidente de buena voluntad.

Las rebanadas del pastel

Por decisión soberana, Bolivia (2007) y Ecuador (2010) dejaron de formar parte del CIADI, y las razones expuestas por sus respectivos gobiernos son más que convincentes: se trata de un organismo especializado del Banco Mundial, en el que 99 por ciento de las demandas presentadas son de transnacionales en contra de las decisiones soberanas de los Estados. El fallo del tribunal que atiende los casos es inapelable y prácticamente en todos ellos se resuelve a favor de los consorcios privados, que obtienen enormes indemnizaciones, no así los Estados (que pueden ser juzgados dos veces por lo mismo) en el lejano escenario de que resulten ganadores. Toda una joya del capitalismo salvaje.

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