Un tribunal colegiado negó este lunes conceder una suspensión provisional en vía de amparo a los generales Tomás Ángeles Dauahare, Roberto Dawe y Ricardo Escorcia, por lo que deberán cumplir los 40 días de arraigo a los que quedaron sujetos mientras se les investiga por sus presuntos vínculos con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva, revelaron fuentes judiciales.

Hasta el momento, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo) ha logrado recabar al menos siete declaraciones de ex militares y narcotraficantes, quienes han asegurado que los generales recibieron dinero del fallecido narcotraficante Arturo Beltrán Leyva.

En su defensa los mandos militares –uno de ellos en retiro– han presentado informes de sus actividades de servicio de más de 20 años en el Ejército, y han asegurado que los dichos de los dos testigos protegidos, Jennifer y Eduardo, son falsos.

Inconformidad

El arraigo contra los militares fue concedido a la PGR por el juez primero especializado en cateos, arraigos e intervención de comunicaciones.

Inconformes con la medida, los tres generales solicitaron la protección de la justicia federal, pero hasta el momento ninguno ha recibido algún fallo en su favor.

Según fuentes de la PGR, la medida de retención fue concedida para que los militares sean investigados por delitos contra la salud y delincuencia organizada.

La procuraduría precisó que la investigación contra los generales fue iniciada en marzo de 2010, con base en testimonios de varios sujetos recabados un año antes y que se encuentran procesados; entre ellos están algunos militares. En la investigación contra el general Ángeles Dauahare, Jennifer lo acusa de recibir dinero de Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, presunto operador de los Beltrán Leyva.

Lo cuestionable, ha sostenido la defensa del general, es que ese testigo no detalla cantidades ni fechas sobre esas entregas de dinero.