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Deber del Estado mexicano proteger plenamente la libertad de expresión, considera

Repudia la CDHDF actos de hostigamiento contra activistas del movimiento #YoSoy132

Organizaciones civiles presentarán hoy una iniciativa para avanzar en esta garantía, informa

 
Periódico La Jornada
Lunes 28 de mayo de 2012, p. 34

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) repudió las acciones de hostigamiento de las que han sido objeto estudiantes integrantes del movimiento conocido como #YoSoy132 y recordó que es deber del Estado mexicano proteger plenamente el ejercicio de la libertad de expresión.

El organismo defensor capitalino se sumó a los pronunciamientos de rechazo a las llamadas telefónicas intimidatorias y mensajes amenazantes en contra de los alumnos de diversas universidades y señaló, mediante un comunicado, que el Estado debe desplegar las acciones necesarias a fin de prevenir, proteger e investigar las acciones tendientes a impedir el ejercicio de la libertad de expresión, lo que consideró indispensable para garantizar los derechos políticos en el contexto electoral.

La comisión informó que organizaciones civiles presentarán hoy una campaña ciudadana con una propuesta para avanzar en la garantía de este derecho en todo el país.

La semana pasada, mediante un comunicado del rector de la Universidad Iberoamericana (UIA), José Morales Orozco, en el que manifestó su solidaridad a los alumnos de esa casa de estudios, trascendió que algunos de los integrantes del movimiento estudiantil Somos más de 131 –el cual dio origen a #YoSoy 132– recibieron llamadas o mensajes amenazantes por las redes sociales, por lo que enfatizó que en caso de que continuaran ese tipo de acciones se reserva el derecho de adoptar medidas pertinentes.

El movimiento estudiantil surgió tras la visita que hizo el candidato presidencial Enrique Peña Nieto a esa casa de estudios el pasado 11 de mayo, de la que se tuvo que retirar en medio de protestas. Posteriormente, los jóvenes respondieron con un video a las afirmaciones, que tenían por finalidad poner en duda su pertenencia a dicha institución universitaria, realizadas por dirigentes de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM).