El Instituto Federal Electoral (IFE) rechazó la aplicación de medidas cautelares para autorizar que particulares compren espacios en radio y televisión con fines electorales. Consideró inviable la prevalencia de la reforma de derechos humanos para favorecer la libertad de expresión sobre la restricciones de la legislación electoral. En respuesta a un grupo de académicos y analistas, el IFE también argumentó no tener facultades para la inaplicación de normas constitucionales.

La aprobación de la respuesta –derivada de un recurso interpuesto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos– motivó un largo debate, en el que la mayoría de los consejeros reivindicaron la vigencia del nuevo modelo de comunicación política como eje para garantizar la equidad de las elecciones. No obstante, si bien los consejeros Benito Nacif y Francisco Guerrero votaron en favor del proyecto, señalaron la necesidad de discutir a futuro la vigencia de esta reforma, por considerarla excesivamente restrictiva.

El IFE validó el padrón electoral y el listado nominal más grande de la historia, instrumento central para la realización de los comicios del primero de julio, en el que están inscritos 84 millones 464 mil 713 ciudadanos, pero sólo pueden votar 79 millones 454 mil 802 que cuentan con credencial.

El presidente del IFE, Leonardo Valdés, sostuvo que las cifras son contundentes. Actualmente, 97.6 de los ciudadanos que viven en el país están empadronados y 92.7 por ciento tienen credencial para votar vigente.

La consejera Macarita Elizondo sostuvo que el listado aprobado involucra haber dado de baja todas las micas con terminación 03. Mencionó que el listado refleja 20 millones de electores más que en 2000 y 8 millones más que en 2006.

La respuesta a los inconformes con la reforma electoral –en su mayoría colaboradores de Televisa y Tv Azteca– concitó consenso, aunque el consejero Marco Antonio Baños se inconformó por violaciones al procedimiento (falta de consulta al Comité de Radio y Televisión).

El consejero Sergio García Ramírez, quien fue juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sostuvo que no parece haber la gravedad, la urgencia o el riesgo de daños irreparables, que serían el sustento para la adopción de medidas cautelares por la CIDH. Se dice que se pone en cuestión la libertad de expresión, pero no se prohíbe, no se frustra la expresión de las ideas, sino se reglamentan determinados actos de comercio.

Para su homólogo Alfredo Figueroa, en la pretensión de los apelantes subyace una visión victoriana de la libertad de expresión, pero en la reforma al artículo 41 constitucional hay una apuesta por la igualdad y la libertad. No hay limitaciones a la libertad de expresión, sino a la actividad comercial de adquirir tiempos”.

El consejero Lorenzo Córdova reivindicó el modelo de comunicación porque rompió el círculo pernicioso de dinero-política bajo el principio de que el dinero no debe hablar.

Para Benito Nacif dicha reforma sí restringió la libertad de expresión de los ciudadanos en la medida en que confirió a los partidos el monopolio del acceso a los espacios en radio y televisión.

Sin embargo, Macarita Elizondo sustentó la imposibilidad de analizar siquiera el fondo del asunto (libertad de expresión), porque el IFE carece de facultades para verificar la compatibilidad de artículos constitucionales y tratados internacionales, así como la inaplicabilidad de normas constitucionales.