El gobierno federal rechazó que existan omisiones en la defensa de los derechos humanos en el país, y señaló que aun en la coyuntura actual, de combate a la delincuencia organizada, la respuesta oficial se ha orientado hacia una expansión de esos derechos.

En respuesta al capítulo sobre México del Informe 2012 de Amnistía Internacional: El estado de los derechos humanos en el mundo, en el que se señala la falta de interés de la administración del presidente Felipe Calderón en esta materia, admitió que hay retos importantes, pero aseguró que las recientes reformas constitucionales en materia de derechos humanos y de amparo y las modificaciones en materia de seguridad pública y justicia penal de 2008 dan cuenta de la mayor ampliación de derechos de la historia contemporánea en nuestro país.

En un extenso comunicado conjunto, las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores defienden la política en materia de derechos humanos.

Señalan que el gobierno reconoce el impacto que producen en la sociedad mexicana las acciones de la delincuencia organizada trasnacional, por lo que realiza todas las acciones a su alcance para desarticular a esos grupos, fortalecer las instituciones del Estado y restablecer el tejido social en las comunidades más afectadas, con pleno respeto a los derechos humanos.

Acerca de los señalamientos de que el mayor número de violaciones provienen de las fuerzas armadas, subraya el comunicado que las autoridades encargadas de la procuración de justicia realizan las acciones debidas para la investigación y persecución de delitos.

Para el Estado mexicano, la impunidad es inaceptable. Independientemente de si los delitos se cometen por civiles o por servidores públicos, en mal ejercicio de sus funciones; el gobierno de México está comprometido para que se sancione a quien resulte responsable, asegura.

Agrega que México cuenta con un marco jurídico adecuado para prevenir, investigar, sancionar y reparar violaciones de derechos humanos, como el convenio de colaboración entre las secretarías de Gobernación, de la Defensa Nacional, de Marina y de Seguridad Pública federal, así como la Procuraduría General de la República, además de los protocolos de uso de la fuerza y de puesta a disposición de detenidos, entre otros.

En materia de migración, adelantan que, adicionalmente a la ya publicada ley en la materia, Gobernación presentará próximamente el reglamento respectivo.

Finalmente, es de destacarse que el gobierno mexicano realiza esfuerzos para combatir el delito de desaparición forzada.