a posición de Felipe Calderón fue clara: Recurrimos al Ejército porque las policías de los estados y municipios no eran confiables. Una postura conveniente, que enfatizaba la necesidad de usar al Ejército y permitía a Calderón rebatir a quienes consideraban inconstitucional el uso de las fuerzas armadas. Los invitaba a anteponer el interés del país por encima de pruritos legales. A pesar de todo, la posición presidencial resultó ser un arma de dos filos: lo obligaba a reconocer, muy a pesar suyo, que el Ejército era la última línea de defensa antes del Apocalipsis. Significaba un paso antes de entregar la plaza. Y así lo consideró el Ejército, cuando hace dos años se rehusó a regresar a los cuarteles para que Calderón cumpliera con Naciones Unidas la promesa de iniciar la retirada. Los militares alegaron que el combate al narco era una misión ineludible, porque el crimen organizado había puesto en riesgo la viabilidad del Estado.

Hoy, tres generales y un teniente coronel, no poca cosa, supuestamente descubiertos y señalados por la DEA (que ahora parece dictar política nacional sobre el tema), abrieron la caja de Pandora. ¿Son ellos mismos quienes ponen en riesgo la viabilidad del Estado?

En el reporte más reciente de Human Rights Watch (HRW), el organismo acusó al Ejército y a Calderón de obstaculizar las denuncias por violaciones a los derechos humanos. Al mandatario le atribuían fomentar la impunidad, por negar sistemáticamente los hechos, y al instituto armado le reclamaban su renuencia a someter más militares a los tribunales civiles. (HRW advirtió en ese entonces que en sus propios tribunales el Ejército había condenado sólo a una docena de militares acusados por delitos menores.) Vale recordar el título del reporte de HRW: “Ni seguridad ni derechos: ejecuciones, desapariciones y tortura en la ‘guerra contra el narcotráfico’ de México”. Por eso sorprende mucho ahora, en el caso de los generales arraigados, que se actúe de manera tan expedita para ponerlos a disposición de la Siedo.

Las preguntas son muchas: ¿quién ordenó cooperar incondicionalmente con la Siedo: Calderón o el general Galván? ¿Se actuó a instancias de la DEA? ¿Hay motivos electorales? ¿Existen divisiones en el Ejército? La aclaración es importante, porque el proceso legal dejará mal parados a Calderón, como comandante en jefe; al secretario del ramo y a las fuerzas armadas. Es importante conocer las acusaciones, y saber si están involucrados más oficiales de alto rango, como insinúa la DEA. No debemos olvidar que el general Tomás Ángeles fue subsecretario de la Defensa Nacional y aspiraba a ser secretario en el próximo gobierno. ¿Presenciamos una lucha interna por el puesto de general secretario? Por eso muchos comentaristas consideramos conveniente convertir la secretaría en un cargo civil.

Este año, con motivo del 99 aniversario de la Marcha de la Lealtad, el general Galván reconoció que en algunas latitudes el Estado estaba totalmente rebasado (http://bit.ly/MxxPU2). Y tres meses después insinúan que el crimen organizado ha infiltrado los altos mandos. Eso no deja lugar a muchas esperanzas…

Hay que tener cuidado, porque en estas condiciones el arraigo y la posible condena de los generales podría indicar que el problema no es el crimen organizado ni el tráfico de drogas, sino la coyuntura política y la corrupción que agobia a esta administración. Calderón es un hombre obstinado. Se le advirtió hasta el cansancio que uno de los peligros de utilizar al Ejército era exponer a los militares al dinero que genera el narcotráfico. Hoy sabemos que esas sospechas estaban justificadas…

En su discurso del Día de la Lealtad, el general Galván declaró también, cuando todo estaba perdido, que el crimen organizado era una seria amenaza para la seguridad interior. ¿Amenaza, general, después de 60 mil muertos? Más cuando Alejandro Poiré reconoció, también en la agonía del sexenio y posiblemente por motivos electorales, que el narco había infiltrado los tres niveles de gobierno, me pregunté con otros mexicanos: ¿qué sigue? Ahora lo sabemos…

Lo que resulta obvio para la sociedad civil es que el enemigo está ganando la partida, y que la intervención del Ejército ha dejado, además de violaciones a los derechos humanos, una guerra civil que ha destruido al país. Si la seguridad está rebasada, y los altos mandos infiltrados, a quién recurrir: ¿a los marines? ¿A la DEA? ¿Al Pentágono? Influenciado por Mike Mullen, comandante en jefe del estado mayor conjunto de Estados Unidos (que prepara desde México su embate contra el narco en Centroamérica), Galván emitió una confusa declaración de corte filosófico: dijo que el crimen organizado es un grave fenómeno delictivo de dimensión cultural, sociológica y trasnacional. Mientras los mexicanos creíamos que era únicamente un problema interno de seguridad nacional…

El caso de los generales arraigados está demostrando el riesgo de otorgar al Ejército, sin mayor conocimiento de causa, la inmunidad que afanosamente ha buscado en el sexenio.

http://jorgecamil.com - http://facebook.com/jorgecamil1 - http://twitter.com/jorgecamil