En vísperas de que se cumplan 14 años de la masacre de El Charco, en Guerrero, y de que el caso sea llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debido a que en México no se hizo justicia, ayer fue presentado un informe sobre la matanza en la que “militares ejecutaron a 11 personas” y detuvieron arbitrariamente y torturaron a 22 más.

En conferencia de prensa, realizada en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, víctimas de la matanza, abogados integrantes de ONG y defensores de derechos humanos lamentaron que prevalezca la impunidad, pues ninguno de los militares involucrados ni las autoridades que arroparon esta acción fueron siquiera sometidos a proceso.

José Antonio Ibáñez Aguirre, coordinador del programa de derechos humanos de la Universidad Iberoamericana (Uia), indicó que el caso se litigará internacionalmente, pues en unos meses será expuesto ante la CIDH por Ernesto Rodríguez Cabrera, de Red Solidaria Década contra la Impunidad, AC.

José Rosario Marroquín Farrera, director del Centro Prodh, resaltó que todos los testimonios indican que hubo graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el Ejército; sin embargo, no se castigó a nadie.

Después de 14 años ni uno de los culpables ha sido castigado

La matanza, perpetrada en la comunidad de El Charco el 7 de junio de 1998, “no fue un enfrentamiento, sino ejecuciones extrajudiciales de civiles, pero el caso se llevó en el ámbito militar en lugar del civil”, por tanto no hubo castigo en contra de los agresores.

El sacerdote jesuita aseveró que lo ocurrido en El Charco, poblado de indígenas nu’saavi, no difiere mucho de lo que se experimenta actualmente en el contexto de la estrategia de seguridad pública que encabeza el gobierno federal en contra del narcotráfico, pues “aunque suele reportarse que el Ejército se enfrenta a transgresores, a los organismos de derechos humanos llegan casos en los que se confirma que las cosas no fueron así: hay ejecuciones extrajudiciales y tortura y no son seguidas en el ámbito civil”.

El defensor de derechos humanos insistió en que la matanza de El Charco no es un acto aislado, forma parte de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, debido a que hay una estructura que favorece estos atropellos, además de la impunidad que permea todo