A través de acciones colectivas, comunidades y ciudadanos que cotidianamente ven afectados sus recursos naturales ahora podrán acudir a los tribunales para demandar reparación de daños. Para que se pueda utilizar esta herramienta, organizaciones no gubernamentales elaboraron un Manual de acciones colectivas y amparo para lograr la justicia ambiental, el cual dieron a conocer ayer.

En conferencia de prensa, Greenpeace, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco De Vitoria, Fronteras Comunes y Organización de Litigio Estratégico de Derechos Humanos, entre otras, presentaron el documento, en el que se plantea que la implantación en México de estas acciones permitirá el acceso a mecanismos más efectivos para reparar daños ambientales.

Estos mecanismos no existían en la realidad, pero ahora, con estos nuevos instrumentos jurídicos esperamos que las empresas y los gobiernos se comprometan verdaderamente con el cumplimiento y realización del derecho humano a un medio ambiente sano y con el principio de quien contamina paga, aunque en la práctica esperamos que prime la prevención de daños antes que la reparación, aseveró María Colín, asesora legal de Greenpeace

Las organizaciones advirtieron que México vive una serie de situaciones adversas económicas, políticas, sociales y de violencia. Muchos de los problemas que aquejan a las personas y comunidades, agregan, son la desigualdad, la pobreza, la falta de vivienda, de alimentación, de agua y de afectaciones al medio ambiente, y todos ellos tienen que ver directamente con violaciones de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

El manual explica que la acción colectiva se puede presentar para la protección y defensa de intereses y derechos que corresponden a una colectividad o grupo de personas (mínimo 30), así como para el ejercicio de derechos personales, particulares o individuales que corresponda a los miembros de un grupo.

Puntualiza que lo primero que se debe hacer cuando una comunidad o ciudadanos enfrente un daño al medio ambiente es presentar una demanda ante el juez de distrito, el cual –en no más de 15 días– certificará si la admite.

A partir de esa fecha deberán pasar diez días para que se dé una audiencia previa y de conciliación.

Se puede llegar a una solución amistosa, pero en caso de que esto no ocurra el proceso continuará, con la presentación de pruebas y alegatos, y posteriormente se dará la sentencia.

Clara Meyra Segura, del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, explicó que el material del manual se basó en elementos jurídicos, teóricos, metodológicos y en otros recabados en el acompañamiento directo con las comunidades.