San Cristóbal de las Casas, Chis., 21 de mayo. En ningún país donde se ha impulsado el programa de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques (REDD), éste se ha salvado de críticas. En Chiapas apenas se inicia, pero pueblos indígenas, organizaciones sociales, algunos centros de investigaciones y ONG independientes se han unido para cuestionar el proyecto y su manejo, pues puede destruir las comunidades que viven dentro de la selva, les quita su derecho a ser escuchadas y a participar en las decisiones sobre su territorio, sostiene Ingrid Fadnes, del organismo Latinamérika Gruppene (LAG) de Noruega, con muchos años de presencia en Chiapas, en una investigación para Estudios Latinoamericanos de la UNAM.

Desde 2007 las Naciones Unidas intensificaron programas para enfrentar el cambio climático. REDD es el resultado. Desde que inició en países en desarrollo, según varios reportes sólo sirve para que los países industrializados puedan comprar buena conciencia y seguir contaminando en sus respectivos países. Son indulgencias, ironiza Fadnes.

En diciembre de 2010, México ingresó a REDD. En Chiapas, uno de los pulmones del planeta, un millón 300 mil hectáreas están bajo protección en 48 reservas o Áreas Naturales Protegidas. Cerca de la mitad en Montes Azules. Pero dentro de la selva “también vive lo que el gobernador llama ‘el enemigo del bosque: el hombre’, que aquí serían los pueblos indígenas”. El despojo ha sido una forma histórica para limpiar de obstáculos la selva en reserva. Hoy, los únicos moradores legales son los lacandones, aunque también la habitan otros pueblos mayas. Cuando el gobernador dice que las futuras generaciones van a agradecer porque podrán vivir de la conservación del bosque, el ecoturismo y la producción de hule y palma de aceite, habla por su gobierno y por los pocos indígenas a los que beneficia el proyecto, no de las comunidades que luchan por mantener su cultura y territorio, y por sembrar su plantas nativas como maíz y frijol.

Tanto el Panel Intergubernamental de Cambios Climáticos (IPCC) como el documento del gobierno mexicano que plantea REDD como estrategia nacional, reconocen la necesidad de que participen los pueblos indígenas y sean escuchados cuando se hagan acciones en su territorio, pero no ha sido así. Hay voces muy críticas a nivel internacional. En México y Chiapas hay organizaciones y comunidades que se oponen al proyecto, mientras ciertas comunidades indígenas aceptaron participar menciona Fadnes. Entre los primeros se cuentan los firmantes en 2010 de la Declaración del Foro de Montes Azules (30 organizaciones independientes campesinas e indígenas, universidades y colectivos); entre los segundos, de manera casi exclusiva, la denominada comunidad lacandona.

A los conceptos gubernamentales de que el proyecto es la solución a los cambios climáticos, la erradicación de la pobreza en Chiapas y el incremento del desarrollo económico de los pueblos indígenas, la investigadora contrapone, entre otros, cuestionamientos de la organización Maderas del Pueblo del Sureste, para la cual REDD es un ecocidio, implica el desplazamiento forzado y la destrucción de pueblos originarios; sólo conviene a los países ricos.

El origen de estas soluciones se remonta a la revolución verde, publicitada como un éxito pero que con el tiempo ha generado rechazo por la destrucción de la biodiversidad y el envenenamiento de suelos y agua a través de monocultivos y pesticidas. En la misma línea, dentro de REDD se planean plantaciones de hule, palma de aceite y eucalipto, monocultivos que requieren grandes cantidades de agrotóxicos y dañan los suelos. La revolución verde intentó enfrentar la demanda de alimentos y terminó tratando de controlar la naturaleza, sin considerar las consecuencias para el ecosistema, la biodiversidad, la salud humana y el trabajo campesino.