El enfoque de la lucha de México y Centroamérica contra el narcotráfico debe centrarse en un menor uso de las fuerzas armadas y mayor apoyo económico del gobierno de Estados Unidos, advierte un estudio de Diálogo Interamericano, centro en el que participan algunos de los investigadores y especialistas más reconocidos en Washington.

Explica que el apoyo económico actual a la zona, mediante la Iniciativa Regional de Seguridad para Centroamérica, es de 300 millones de dólares, pero se requiere al menos el doble para responder eficazmente al desafío y magnitud del problema.

De acuerdo con el análisis, titulado Contando la violencia criminal en Centroamérica, Estados Unidos debe limitar la ayuda militar en la lucha de México y Centroamérica contra el narcotráfico, ya que no se trata de una guerra de insurgencia, sino de tareas que corresponden propiamente a una policía capacitada y profesional.

El texto, presentado hace unos días en la capital estadunidense, considera que el problema es que los grupos del crimen organizado penetran la región cada día más y tienen capacidades muy altas por todos los recursos que tienen, a lo cual se agrega que el incremento de las fuerzas armadas trae consigo un peligro real que amenaza la región, donde uno de los mayores logros, justamente, ha sido la reducción de la participación de los ejércitos.

El riesgo

Hay peligro por aplicar una política que aumenta las fuerzas armadas. El enfoque debería ser profesionalizar la policía, pero obviamente se reconoce que si las corporaciones no pueden, entonces la fuerza armada debería cumplir condiciones estrictas, porque hay que tener en mente la historia. Si bien estamos en otro momento y no estamos en los años 80, hay que mantener y preservar los logros de los acuerdos de paz en algunos países y no arriesgarse a un retroceso, afirma Michael Shifter, director de Diálogo Interamericano y autor del informe.

Entre sus recomendaciones destaca la urgente necesidad de reforzar en Estados Unidos los mecanismos que frenen el tránsito de armas a México y Centroamérica, que son adquiridas en el país del norte y van a manos del narcotráfico en el sur.

Si bien es cierto que en Estados Unidos el derecho de comprar armas está protegido por la Constitución, no el flujo de armas ilegales, advierte.

Asimismo pide mayor participación económica de las empresas privadas en la estrategia de seguridad para la región. Entendemos la posición del sector privado, pero si un país va por un camino muy complicado por la creciente inseguridad no hay mucha opción, sino comprometerse y aportar para defender la seguridad, porque sin ella no se pueden hacer muchos negocios y el país va a sufrir. Se trata de crear esa conciencia, a pesar de que hay desconfianza, subraya el documento.