El Banco de México ha gastado 4 millones 640 mil 508 pesos en viáticos para el personal de ese organismo que promueve la cumbre del G-20, a celebrarse el próximo mes de junio en Los Cabos, Baja California.

Mientras la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) asegura que mantiene una política de diálogo, inclusión y transparencia en el intercambio de opiniones y posiciones con la sociedad civil, esa dependencia, además de las secretarías de Economía y Hacienda, ha negado la información solicitada a través de la Ley Federal de Transparencia para hacer público el gasto que le ha significado al gobierno mexicano la presidencia pro tempore de dicho grupo.

Juan Manuel Cariño y José de Jesús Aguilar, de la Universidad Autónoma de la ciudad de México y pertenecientes al sector juvenil de la Coalición Mexicana frente al G-20, que integran más de un centenar de centrales obreras, organizaciones civiles y académicas nacionales e internacionales, denunciaron las evasivas del gobierno para facilitar información relativa a los gastos y la relación de nombres y cargos de funcionarios que asistieron a tales reuniones.

La Secretaría de Economía argumentó que no es competente para proporcionar dicha información, ya que la facultad corresponde a la SRE. La cancillería, a su vez, reporta que se encuentra analizando la posible ubicación de dicha información, por lo cual se notificará la existencia o inexistencia de la misma en sus archivos.

La Secretaría de Hacienda pide al solicitante aclare qué documentos requiere de manera puntual, ya que al referir que solicita copia de la totalidad de la documentación oficial, las unidades que conforman la dependencia se ven impedidas para atender dicha solicitud.

Andrés Peñaloza, miembro de la Coalición Mexicana frente al G-20, denunció la política del gobierno federal para dividir a la sociedad civil mexicana e internacional a efecto de asegurar una instancia acrítica y cómoda de diálogo ante dicho grupo.

Peñaloza lamentó la desacalificación que hizo el presidente Felipe Calderón a la decisión del gobierno de Argentina de nacionalizar Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), filial de Repsol, e invitó a la presidenta Cristina Fernández a participar en la Cumbre de los Pueblos, a realizarse el 17 y 18 de junio en La Paz, Baja California Sur, acto paralelo a la cumbre del G-20.

En una carta dirigida a la mandataria, la coalición condena la reacción de corte colonialista y el revuelo derechista causado por la expropiación de YPF.