Desde el inicio de su gestión, el presidente Felipe Calderón retrasó la publicación de las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión, así como la expedición de los reglamentos requeridos por algunas leyes para poder operar, denunciaron senadores del PRI y el PRD.

En la actualidad tiene pendientes de promulgar ocho legislaciones, entre ellas la Ley para la Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas y la legislación encaminada a combatir la corrupción en obras públicas.

El priísta Francisco Arroyo y el perredista Rubén Velázquez recalcaron que en lugar de sus constantes reproches al Congreso, el Ejecutivo debe cumplir con su responsabilidad y promulgar de inmediato las nuevas leyes o las que han sido modificadas.

Velázquez recalcó que el Congreso actuó con toda celeridad para aprobar la ley que busca proteger a periodistas y defensores de derechos humanos y cabría esperar que el Ejecutivo no retrase más la posibilidad de que pueda entrar en vigor.

La bancada del PRI en el Senado formulará una excitativa a Calderón, durante la próxima sesión de la Comisión Permanente, a fin de que presente ya los reglamentos pendientes, entre ello el de la Ley de Migración. Arroyo recalcó que no es posible que siga retrasando ese ordenamiento, requerido con urgencia, a fin de proteger a mexicanos y extranjeros que cruzan por territorio nacional hacia Estados Unidos y son víctimas de bandas criminales, que los secuestran y matan.

Arroyo recordó que se vieron obligados a aprobar una reforma legal para establecer un plazo de 30 días para la promulgación de los decretos, dada la tardanza de Calderón en publicarlos.

Hasta los panistas le han pedido celeridad. La senadora del blanquiazul Emma Larios propuso ante la Permanente –en la sesión del miércoles pasado– que ese órgano del Congreso pida a Calderón presentar ya el reglamento de la llamada ley 5 de junio, sobre la regulación de guarderías.

En esa propuesta, que signaron también los perredistas Carlos Sotelo y Máximo García Zalvidea y el senador del PRI Carlos Jiménez Macías, la panista recordó que el plazo legal ya venció –la ley fue promulgada en octubre del año pasado– y se pronunció porque se formule una reglamentación a la altura de los reclamos de la sociedad mexicana y se tomen en cuenta los puntos de vista de los familiares de los niños muertos en la Guardería ABC.

“Este ordenamiento representó una importante respuesta del Estado mexicano ante la tragedia ocurrida en la Guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, el 5 de junio de 2009, donde perdieron la vida 25 niñas y 24 niños y, otros 75 resultaron con quemaduras y lesiones que los dejaron marcados –a ellos y a sus familiares– por el resto de su vida”, recalcó Larios Gaxiola.

La senadora sonorense insistió: Es indispensable que exista voluntad política, como la tuvo el Congreso de la Unión, para escuchar y hacer partícipes a padres y madres de las víctimas, a organizaciones y especialistas, de la construcción de la normatividad en esta materia tan sensible y trascendente para el Estado mexicano.

El reglamento, dijo, debe cuidar y ser escrupuloso respecto a las disposiciones de la ley y responder fielmente a los compromisos que derivan de los mandatos constitucionales y los tratados internacionales, que señalan una responsabilidad ineludible del Estado con los derechos de la infancia.

La ley de víctimas, en la Cámara

Otra de las normas relevantes aprobadas por el Congreso en el periodo de sesiones que concluyó el pasado 30 de abril y que aún no se promulga es la Ley General de Víctimas, pero aquí la responsabilidad no es de Calderón, sino de la directiva de la Cámara de Diputados, que hasta el viernes pasado aún no la remitía a la Presidencia de la República.

La ley, que fue un compromiso del Congreso con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que encabeza el poeta Javier Sicilia, se aprobó primero en el Senado, y luego en San Lázaro, en los últimos días del periodo, y a más de 20 días sigue en la Cámara de Diputados.