El periodismo en México es una ocupación de alto riesgo y, ante la ola de amenazas y homicidios a integrantes de este gremio, 11 reporteros hoy día reciben protección federal.

Cuando así lo solicita el afectado, este apoyo puede representar custodia personal, dotación de equipo de telecomunicaciones o chalecos antibalas, pero también se puede autorizar un mecanismo para el cambio de ciudad o la salida urgente del país del reportero.

El objetivo es resguardar la integridad de quien recibe amenazas o agresiones derivadas de su labor.

Existe un convenio de colaboración para la protección de periodistas, firmado en 2010 por diversas dependencias federales (Gobernación, Relaciones Exteriores, Procuraduría General de la República, Secretaría de Seguridad Pública), así como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Supuestamente participan integrantes del gremio periodístico y de organismos defensores de garantías básicas. Un comité define la procedencia y grado de protección de cada comunicador afectado.

Max Diener, subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, informó acerca del número de comunicadores que se encuentran actualmente protegidos por instancias federales.

La protección a periodistas se aplica con base en los protocolos definidos desde 2011.

Hoy día tenemos 11 periodistas protegidos. Están funcionando tanto el mecanismo de defensores de derechos humanos como el de periodistas. En ese marco se les ha ido atendiendo, dijo.

Señaló que si bien no puede dar detalles acerca de la identidad de los periodistas o de la forma en que se les apoya, hay medidas de protección según la gravedad en cada caso.

Por otro lado, existe un marco legal que obliga a las autoridades federales a tener por lo menos un banco de datos nacional acerca de los casos de personas reportadas como desaparecidas.

Sin embargo, aunque desde el año pasado ese fue el compromiso de Gobernación con familiares de personas no localizadas, hasta ahora no hay ningún listado general. La Procuraduría de Atención a Víctimas del delito (Províctima) ha atendido a casi 600 familiares que refieren un caso de esta naturaleza.

Consultado al respecto, el subsecretario Diener adujo: “Se está trabajando a nivel del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), que es el que tiene la capacidad de coordinar a las entidades federativas porque la idea es que se haga esta coordinación para tener una base común de datos.

Esa información se conecta con la de la Procuraduría General de la República, que lleva una gran cantidad de registros sobre este tema, las averiguaciones previas que lleva a cabo.

Comentó que es la PGR la responsable en esta materia –por su responsabilidad con las indagatorias– por eso el SNSP lo que tendrá será los datos, tanto de la PGR como de las entidades, para tener una base común.

La lista de desaparecidos y/o de cuerpos no identificados es cada vez más amplia. El domingo pasado, por ejemplo, fueron arrojados en una carretera, en Cadereyta, Nuevo León, 49 cadáveres, todos decapitados y desmembrados.

De igual forma, sigue al alza el número de periodistas desaprecidos y asesinados.

Apenas el 28 de abril fue asesinada Regina Martínez, corresponsal de la revista Proceso en Veracruz, y días después mataron a otro periodista en Morelos.

El viernes pasado fue encontrado muerto Marco Antonio Ávila García, reportero especializado en temas de seguridad de diversos medios informativos en Sonora.

Según la Federación Latinoamericana de Periodistas, durante los dos sexenios recientes, en México se han perpetrado 109 asesinatos de comunicadores y 19 desapariciones forzadas, por lo que con el crimen de Ávila García, sumarían 110 homicidios (La Jornada, 19/5/12).

Todos esos asuntos están bajo investigación ahora; en realidad es investigación a nivel de fuero local porque son homicidios y lo que hay es una coadyuvancia de la PGR, hasta que se tenga una investigación más completa no se va a poder tener mucho más información, dijo el subsecretario Diener en entrevista.