El Observatorio Eclesial e Iglesias por la Paz emitieron un pronunciamiento con motivo de las elecciones federales y de los momentos de dolor y desesperanza que vive el país por la inseguridad y la violencia, e hicieron un llamado a los candidatos a comprometerse a promover una política de Estado que garantice la progresividad de los derechos humanos; aplicar un nuevo modelo de desarrollo que erradique los rezagos sociales y establecer las medidas necesarias para la paulatina desmilitarización del país y su reconstrucción desde una paz con justicia.

En el documento, invitan a adherirse vía Internet a particulares y organizaciones civiles, refieren que “México vive una situación de emergencia nacional marcada por la pobreza extrema, las muertes, desapariciones forzadas, feminicidios, la violación sistemática de derechos humanos, la corrupción e impunidad de las autoridades y la falta de garantías de acceso a la justicia”.

Situación alarmante

Indican que es imperativo que todos reconozcamos esta alarmante situación, de manera especial quienes hoy aspiran a gobernar el país, para que asuman junto con toda la sociedad mexicana su responsabilidad en la necesaria reconstrucción de la paz y la justicia social.

El Pronunciamiento ético de iglesias, organizaciones y personas de fe, señala siete principales aspectos a los que los aspirantes presidenciales y al Congreso deberían comprometerse, entre ellos atender las demandas de las víctimas de la injusticia, la violencia, la exclusión y la discriminación en todas sus modalidades.

Asimismo, a establecer un nuevo pacto social fundado en la justicia, la equidad, la solidaridad y la paz, mediante la reforma estructural de las instituciones del Estado y a fortalecer y garantizar la laicidad del Estado como principio fundamental que establece las condiciones de un trato igualitario a las personas indistintamente de sus creencias, convicciones, sexo, raza, género u orientación sexual.

Demandan también reforzar mecanismos efectivos de promoción de la participación, acceso a los espacios de poder y decisión de todas las mujeres y en particular aquellas sistemáticamente excluidas, y garantizar el acceso y permanencia de una educación integral, gratuita y de calidad, científica, laica, y los conminan a hacer cambios radicales en la equivocada política de gobierno que ha militarizado el país y generado un clima de violencia extrema.