Para la Secretaría de Gobernación (SG), el arraigo de militares (uno de ellos ex subsecretario de la Defensa Nacional en el actual sexenio) es una muestra de la investigación y la procuración de justicia que combate la impunidad.

No prejuzgamos porque las investigaciones comienzan y se es inocente hasta que se pruebe lo contrario; habrá que ver las investigaciones y en su momento el proceso penal, pero la señal en ese sentido no sería mala: si hay alguien que actuó mal, qué bueno que se esté ventilando y qué bueno que se vaya a sancionar. Creo que lo deberíamos ver por ahí, dijo Max Diener, subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la dependencia.

Comentó que la posición del gobierno es que todo aquel que viole la ley, que infrinja un derecho humano, debe ser castigado “y en esa forma estamos actuando. El objetivo es que los delitos no queden impunes. En el caso del gobierno federal no se puede decir: ‘todo el personal es impoluto’, por lo que es importante que cuando se comete un error se sancione y es lo que estaríamos viendo en este caso (de los generales arraigados)”.