Con la oposición del PAN, diputados de PRD y PRI en la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la Asamblea Legislativa aprobaron el dictamen sobre la designación de tres magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, uno de los cuales era hasta ayer juez penal en el estado de México.

El panista Carlo Fabián Pizano lamentó que se haya avalado la propuesta enviada por el titular del Ejecutivo local, pues, a su juicio, dos de los nuevos magistrados no cumplen con los requisitos ni cuentan con la experiencia requerida para el cargo.

Detalló que Estela Fuentes Jiménez, una de las nuevas magistradas, sólo se ha desempeñado como juez en materia penal del Tribunal Superior de Justicia del estado de México, pero lo que se requería era una especialista en derecho administrativo y fiscal.

En el caso de Francisco Javier Barba Lozano, a quien se identifica como asesor de la diputada perredista Lizbeth Rosas, comentó que tampoco cumple con la experiencia requerida, toda vez que sus últimos cargos han sido de jefe de unidad en delegaciones políticas en distintos rubros.

Pizano indicó que los riesgos de que ocupen estos cargos personas que no cubran el perfil es que salgan sentencias mal fundamentadas técnicamente y por lo tanto no se haga justicia a los particulares ante abusos de la autoridad en asuntos administrativos.

También se aprobó la designación de María Marta Arteaga Manrique como magistrada de la sala superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

El presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, Julio César Moreno, aseguró que la designación de los tres magistrados se hizo apegada a la ley, tras señalar que en ningún momento se saltaron ningún requisito.

Indicó que los nuevos magistrados pueden tomar protesta ante la Comisión de Gobierno, tal como lo señala el artículo ocho del Estatuto de Gobierno, al encontrarse en un periodo de receso en el órgano legislativo.