En la comunidad de académicos especializados en temas de seguridad nacional se recibió con sorpresa la noticia de la detención del general de división en retiro y ex subsecretario de la Defensa Tomás Ángeles Dauahare. En entrevistas por separado, catedráticos coincidieron en que para despejar dudas sobre los hechos la Procuraduría General de la República está obligada a configurar con toda pulcritud la averiguación previa correspondiente.

José Luis Piñeyro, catedrático de la UAM, comentó que al igual que muchos de sus colegas no había tenido noticia previa sobre la posible relación del militar con el crimen organizado.

Ante lo sorpresivo de la captura, indicó, la autoridad está obligada a presentar pruebas contundentes sobre la culpabilidad del militar y darles la mayor difusión pública posible.

Ya que al presidente Felipe Calderón le gusta tanto recurrir a los gringos, que ellos digan si el general estaba coludido con el narcotráfico, porque hemos sabido de más de un caso en el que Estados Unidos dice que un fulano está involucrado y no pasa nada, como fueron los casos del senador Manlio Fabio Beltrones y el ex gobernador de Sonora Eduardo Bours.

Piñeyro señaló que en caso de comprobarse las acusaciones, no sería creíble pensar que sólo se trata –con Roberto Dawe, el otro general detenido– de dos manzanas podridas, sino que tendrá que investigarse su relación horizontal y vertical con el crimen organizado y con otros mandos castrenses, porque de lo contrario quedará la impresión de que se trata de una aplicación facciosa de la ley.

A su vez, Ernesto López Portillo, director del Instituto para la Seguridad y la Democracia, aseveró que si se comprueba la relación de Ángeles Dauahare y el general brigadier Roberto Dawe –quien también fue detenido el miércoles pasado– con el crimen organizado volvería a quedar de manifiesto la enorme capacidad corruptora del narcotráfico, incluso en las más altas esferas del Ejército, por lo que sería urgente revisar la permanencia de los soldados en labores de seguridad pública.

Agregó que la posible complicidad de ambos militares con grupos de la delincuencia organizada sería un golpe de consecuencias mayores para la credibilidad de las fuerzas armadas.

“Todos los que entran a investigar o a combatir al narcotráfico están en alto riesgo, no sólo por la respuesta violenta de éste, sino también por su sometimiento económico.

De ser ciertas estas acusaciones, también arrojarían mayores dudas sobre la capacidad del Ejército de controlarse a sí mismo y participar en tareas de seguridad pública que no le corresponden, aseveró.

La contaminación generada por la complicidad de militares de alto rango con grupos criminales, además, crea un impacto expansivo de consecuencias muy lamentables para la tropa, ya que ésta puede seguir el ejemplo de quienes dirigen las estructuras institucionales.

Por su parte, Javier Oliva, experto en temas de seguridad nacional, coincidió en que la posible infiltración del narco en la cúpula de las fuerzas armadas es preocupante, aunque al mismo tiempo saludó que las autoridades castrenses identifiquen casos de probable corrupción y no los dejen impunes.

“Es positivo que estén sujetos a la disciplina militar, pero primero deben comprobarse las acusaciones. Es un caso de gran magnitud, y no se le podría caer a la Procuraduría General de la República”, apuntó, y subrayó la importancia de configurar con toda pulcritud la averiguación previa.