El general en retiro Tomás Ángeles Dauahare, quien se encuentra en una casa de seguridad de la Procuraduría General de la República (PGR) en espera de que se resuelva su situación jurídica, pidió un amparo con el que pretende recuperar su libertad, pero el juez que recibió la demanda le negó la suspensión provisional debido a que el militar es investigado por asuntos relacionados con la delincuencia organizada, contra la cual no procede dicha protección, revelaron fuentes judiciales.

En su demanda, los abogados del general argumentaron que se le mantiene ilegalmente privado de su libertad, totalmente incomunicado y sujeto a actos de vejación en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo), pero el juez que conoció del caso rechazó la suspensión.

Alejandro Ortega Sánchez, defensor del general, mencionó que el pasado lunes a las 19:30 horas su cliente fue arrestado por el Ejército en un departamento en el sur del Distrito Federal, y estuvo incomunicado.

Autoridades federales me han impedido ver a mi defendido, pese a que tiene todo el derecho a recibir asesoría legal, afirmó el litigante en diversas entrevistas.

Agregó que se tramitó la demanda de amparo ante el acto arbitrario de incomunicación en que se encuentra sometido ante funcionarios de la Siedo.

La demanda de garantías fue radicada en el juzgado décimo de distrito en materia de amparo penal del Distrito Federal, el cual ya solicitó a la Siedo rendir informes sobre la situación jurídica de Ángeles Dauahare.

Al solicitar el amparo se reclamó la inconstitucionalidad de la orden de presentación y localización girada por la PGR, pues ese mandamiento ministerial sólo se debe hacer cuando una persona no atiende los citatorios, lo que supuestamente nunca ocurrió con el general.

“La orden de presentación contra el general no tiene ninguna justificación, no se trata de un caso urgente ni mucho menos; además, hasta el momento no me han dado acceso a él ni a la averiguación previa.

Lo que sí puedo decir es que lo están tratando bien; su esposa (Leticia Zepeda) y sus hijas (Ana Luisa y Adriana) entraron esta mañana a visitarlo y, por lo que me han comentado, está en buenas condiciones, añadió.

Apenas el día de hoy le dieron permiso de pasar unos lentes, y estamos en espera de que nos autoricen ingresar unos medicamentos, pues el general tiene un padecimiento de tiroides, comentó.

La Siedo tiene un plazo inicial de 48 horas para resolver la situación jurídica del jefe castrense, el cual puede ser ampliado a 96 horas.