El gobierno federal condenó ayer las 49 ejecuciones ocurridas en Cadereyta, Nuevo León, las cuales atribuyó a un recrudecimiento de la violencia irracional entre las organizaciones comandadas por Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada, así como por Heriberto Lazcano, El Lazca, y Miguel Treviño Morales, El Z-40.

Ante homicidios cruentos como éste, el gobierno federal sostuvo que actuará con toda firmeza y fuerza para hacer justicia y que no haya impunidad.

En un comunicado conjunto de la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República, el Ejecutivo subrayó que ante la violencia indiscriminada derivada de esta confrontación entre bandas criminales, se mantendrá la respuesta gubernamental sustentada en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, y destacó la importancia que tiene en este combate la permanente colaboración entre las diversas corporaciones policiacas de los tres niveles de gobierno.

Por su parte, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo) informó que coadyuva directamente con las autoridades de Nuevo León para detectar a los responsables de la muerte de 49 personas en esa entidad, revelaron fuentes ministeriales, aunque se precisó que hasta el momento no se tiene contemplado atraer las pesquisas al fuero federal.

Por otro lado, al recordar otros episodios de violencia extrema que han ocurrido en el país, el Ejecutivo federal refirió el caso de la ejecución de migrantes en San Fernando, Tamaulipas, donde informó que han sido detenidas más de 80 personas, entre ellas 16 policías municipales y Martín Omar Estrada Luna, presunto jefe de la plaza al servicio de Los Zetas.

Otro caso es el incendio en el casino Royale, en Monterrey, donde ya fueron detenidas 30 de las 37 personas involucradas; entre ellas resalta la detención de Carlos Oliva Castillo, La Rana, encargado del grupo criminal Los Zetas en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.