La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anunció el pasado 2 de mayo que atraerá el caso de los activistas José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Ortiz, quienes han estado encarcelados durante más de dos años por defender el derecho al agua en la comunidad poblana de Atla, lo que podría favorecer la puesta en libertad de ambos hombres.

Así lo afirmó Araceli Olivos Portugal, abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), quien señaló que el proceso judicial contra los indígenas nahuas estuvo plagado de irregularidades, pues únicamente tuvo la intención de castigarlos por contrariar los intereses de un cacique local que controlaba el acceso al líquido.

El ministro (José Ramón) Cossío ya hizo un proyecto para atraer el caso y resolverlo aquí y no en el segundo tribunal colegiado de circuito en Puebla, no sólo porque se trata de dos indígenas a quienes no se les respetaron sus derechos lingüísticos y culturales, sino por ser defensores del acceso a algo tan importante como el agua, explicó Araceli Olivos en entrevista.

Uno de los elementos que la Suprema Corte deberá tomar en cuenta para ordenar la eventual liberación de Aniceto Gómez y Pascual Agustín es que las autoridades judiciales poblanas hicieron caso omiso al hecho de que ambos dijeron hablar náhuatl y no español, lo cual los perjudicó en su acceso a una defensa adecuada.

Sólo por eso ellos tendrían que recibir un amparo liso y llano y quedar en libertad, pero ese factor no es el más importante, sino demostrar que fueron acusados de un delito inexistente, sólo para castigarlos por luchar por el acceso al agua.

Como se informó en este diario (19/2/12), ambos indígenas fueron condenados en enero de 2010 a siete años de cárcel, acusados por el delito de robo de auto, pese a haber comprobado que ninguno sabe conducir y que habían sido víctimas de un intento de atropellamiento por un hombre cercano a Guillermo Hernández, quien controló por varios años el acceso a las fuentes de agua en la comunidad de Atla.

Una vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el caso por considerarlo de trascendencia jurídica y social, el paso siguiente es que en un plazo de alrededor de 15 días se turne el proyecto a un nuevo ministro, para que sea él quien resuelva el fondo del asunto y dictamine si procede la liberación de los activistas.

Para reforzar la petición de libertad, indicó Olivos, el Centro Prodh presentará un amicus curiae (documento realizado por un tercero interesado en un litigio, para ayudar al juez a tomar una decisión), junto con Amnistía Internacional, colectivo que adoptó a Agustín y Aniceto como presos de conciencia.