A pesar de la crisis de violencia en el país ningún candidato presidencial ha dado a conocer una estrategia bien diseñada para recuperar la seguridad en México –explicando la manera concreta en que piensan lograrlo– ni ha manifestado claramente su compromiso de respetar los derechos humanos y resolver los miles de casos de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y torturas derivados de la guerra contra el crimen organizado.

Esa fue la advertencia de un grupo de investigadores del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Imdhd), que ayer presentó la segunda fase de un estudio sobre las propuestas de los cuatro aspirantes en materia de seguridad y justicia.

El trabajo, explicó Alejandro Corona, abarca del 29 de marzo al pasado 6 de mayo. En éste se identifican tres ejes principales: diagnósticos de los candidatos sobre la inseguridad, las propuestas que formulan para remediarla y la viabilidad de éstas para dar a la gente mayores elementos de decisión a la hora de votar.

Al detallar los resultados del trabajo, Édgar Cortez señaló que el candidato priísta Enrique Peña Nieto plantea crear una política nacional de prevención del delito; duplicar los efectivos de la Policía Federal (PF) de 40 mil a 80 mil; crear una gendarmería nacional y construir más cárceles, pero sin explicar de qué manera lo haría y sin referirse ni una vez a la importancia de respetar los derechos humanos.

Por su parte, Andrés Manuel López Obrador, abanderado del Movimiento Progresista, enfatiza que el origen de la violencia es la corrupción y la pobreza; propone diseñar una estrategia de seguridad para todas las secretarías; respaldar a las víctimas de la violencia y abordar el tema de las drogas como asunto de salud pública, pero igualmente sin explicar la forma en que pretende llevarlo a cabo.

La aspirante panista Josefina Vázquez Mota sugiere mantener al Ejército en tareas de seguridad pública; desaparecer la Secretaría de Gobernación para sustituirla con un ministerio del interior, que coordine las tareas de seguridad; crear una policía nacional de 150 mil elementos; construir nuevos penales de máxima seguridad y castigar con cadena perpetua a los políticos que colaboren con grupos criminales, medidas de populismo penal que privilegian la mano dura por sobre las investigaciones eficientes.

Por último, Gabriel Quadri, del Partido Nueva Alianza, recomendó aumentar el número de efectivos de la PF de 40 mil a 400 mil y privatizar las cárceles, lo cual implica el riesgo de que su concepto de seguridad esté basado únicamente en la idea de meter más gente a la cárcel.

En resumen, indicó Cortez, los aspirantes presidenciales tienen diagnósticos muy pobres sobre las causas de la violencia, de ahí que sus propuestas no tengan bases sólidas. Además, ninguno se propone atender a las víctimas de desaparición forzada, tortura y ejecución extrajudicial o acotar el fuero militar. Sigue gravitando la idea de que tienes seguridad o tienes derechos humanos, cuando deben cumplirse ambas, apuntó.