Madrid, 10 de mayo. Bajo el lema no al desmantelamiento de la escuela pública, no al suicidio social, miles de estudiantes de toda España se manifestaron en las calles para repudiar, una vez más, la política de recortes impuesta por el gobierno de Mariano Rajoy, movilización que es el preámbulo a la jornada de huelga general en la educación pública del 22 de mayo, algo que nunca había ocurrido en España y en la que se pedirá la dimisión del ministro de Educación, José Ignacio Wert.

Rajoy llegó al poder en una de las peores crisis económicas en la historia del país. En la campaña electoral se comprometió a no recortar los servicios sociales básicos, sobre todo en Sanidad y Educación, y no subir los impuestos.

Asumido el cargo, con holgada mayoría absoluta, el mandatario ha hecho justo lo contrario: una de sus primeras medidas fue la subida de impuestos general a través del IRPF, aprobó una reforma laboral en la que abarató el despido y anunció recortes en Sanidad y Educación de al menos 10 mil millones de euros.

La última medida que ha vuelto a indignar a buena parte de la población es nacionalizar uno de los cinco bancos más grandes del país, Bankia, por su situación de quiebra financiera por una serie de manejos turbios de sus cuentas. El monto del rescate, que se aclarará este viernes en el Consejo de Ministros, será de al menos 10 mil millones de euros, pero podría llegar hasta lo 25 mil.

Los estudiantes de la escuela pública, los padres y los profesores, mantienen desde hace más de un año una ola de protestas para defender la escuela oficial, que en Madrid, donde gobierna desde hace más de dos décadas la derecha española, se ha ido desmantelando poco a poco, favoreciendo a las escuelas privadas y concertadas, muchas de ellas religiosas.

Por eso salieron a las calles de más de 30 ciudades españolas miles de jóvenes, profesores y padres, con su habitual camiseta verde y con las consignas clásicas del movimiento: En defensa de la educación pública: los recortes para los banqueros; Basta ya de privatizar la enseñanza pública. Trabajo digno al acabar los estudios; o educan esclavos.

La protesta en Madrid se inició la noche anterior, con una acampada y toma simbólica de las facultades de Ciencias Políticas, Filosofía, Bellas Artes y Educación de la Universidad Complutense. En el país salieron a la calle miles de estudiantes, como ocurrió en Sevilla, Oviedo, Valencia, Barcelona o Zaragoza, entre otras.

La protesta cuenta con el apoyo de los principales sindicatos y de la Conferencia Estatal de Defensores Universitarios, que expresó su preocupación por las reformas, particularmente por el aumento de tasas de matrícula, el régimen de dedicación del profesorado y lo relacionado con la creación, modificación y supresión de centros y titulaciones.

Esta inquietud y malestar está motivada tanto por la forma seguida en la elaboración de la norma, sin ningún contacto formal previo con las partes interesadas, como por el fondo, ya que los cambios legales afectan sustancialmente al modelo de universidad pública, aseguran.

Los defensores de la escuela pública cifran en 7 mil 200 millones de euros el tijeretazo en educación: 3 mil millones por las comunidades, 800 millones por el Ministerio de Educación y 3 mil 400 millones que ya se han perdido en estos años recientes.

Sobre la protestas, el ministro Wert –el político peor valorado del gabinete– calificó los argumentos estudiantiles de prejuicios y no juicios, y añadió que todas las medidas que han asumido vienen impuestas por las exigencias de consolidación fiscal.