Integrantes de diversas organizaciones sociales celebraron la aprobación de la Ley de Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas –avalada el lunes anterior en la Cámara de Diputados con el voto unánime de todos los partidos políticos– y apremiaron al titular del Poder Ejecutivo a publicarla cuanto antes en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Brisa Solís, directora del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), señaló que la mayoría de las iniciativas que han sido presentadas hasta hoy para defender a activistas de derechos humanos y comunicadores únicamente han sido parches a destiempo que no remedian la situación de violencia que sufren ambos gremios.

Desgraciadamente, cada ley y cada medida en ese sentido se ha tomado después de que ocurre una muerte. Esta iniciativa llega tarde y por pedazos, sin integralidad, pero justamente por eso necesitamos exigir su cumplimiento, afirmó en rueda de prensa.

Alejandro Cerezo, integrante del colectivo Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos, consideró que la ley no es la panacea que resolverá los motivos estructurales de la violencia, pero sí un paso importante en la búsqueda de mayores elementos de seguridad.

Algunas de las virtudes de la legislación, explicó, son que el riesgo de cada persona es determinado por un equipo técnico donde las víctimas son escuchadas; hay medidas urgentes de protección 36 horas después de una amenaza, y el consejo consultivo del mecanismo encargado de aplicar la ley tiene alta representatividad de los grupos de la sociedad civil.

Sin embargo, aún está pendiente la tarea de modificar el artículo 73 constitucional para dotar a este cuerpo de facultades de investigación, lo cual tratará de lograrse en otra legislatura. No se pudo incluir ahora por falta de condiciones políticas, por eso optamos por conseguir lo viable, explicó.

Daniel Joloy, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, puso de relieve la forma en que la nueva ley fue creada, en diálogo constante con organizaciones sociales, y subrayó que esta iniciativa es prácticamente la única en todo el mundo que llegó a nivel de ley.

José Rosario Marroquín, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, también hizo una valoración positiva de la legislación, pero advirtió que el presidente Felipe Calderón aún no la ha publicado en el DOF, por lo que llamó a hacerlo de inmediato y no esperar a agotar el periodo de tres meses establecido para ello en la ley.