La Procuraduría Social de Atención a Víctimas del Delito (Províctima) ha sido hasta el momento un terrible fracaso, ya que sólo forma parte de una política de simulación mediante la cual el gobierno finge atender las necesidades de quienes han sufrido algún delito o violación de derechos humanos, pero sin comprometerse realmente a apoyarlos, señalaron activistas de organizaciones sociales.

La abogada Lucha Castro, coordinadora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres –con sede en la capital de Chihuahua–, lamentó que dicha instancia no tenga presupuesto ni las herramientas legales para llevar a cabo su labor.

Para nosotros, ese organismo ha sido un terrible fracaso, y prueba de ello es que cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos le preguntó al Estado mexicano qué medidas humanitarias iba a tomar para proteger a personas que han sido amenazadas por el Ejército, los de Províctima contestaron que nada, porque no tienen presupuesto. ¿Para qué sirven entonces?, se preguntó.

Este aparente descuido –señaló– se enmarca en una política de simulación aplicada por el gobierno, con el único objetivo de cuidar su imagen en el extranjero. “Províctima nació muerta, al calor de una cuestión mediática, y al no tener bases, está destinado a terminar. Hace falta que (los encargados de organismo) salgan de la comodidad de sus escritorios y vayan a los lugares donde están ocurriendo las desapariciones, las ejecuciones extrajudiciales y las torturas”.

Rocato Bablot, vocero del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, coincidió en que dicho organismo fue creado sin los elementos necesarios para apoyar del todo a las víctimas de la violencia, y en muchas ocasiones lo único que puede ofrecerles es un trato amable. Para cambiar la dinámica de impunidad, que deja sin castigo más de 98 por ciento de los crímenes –dijo–, es fundamental que las autoridades den a Províctima un giro completo, un cambio total en personal, capacitación y presupuesto.