Expertos en comunicación y ciencias sociales de la Universidad Iberoamericana (Uia) demandaron a los principales encuestadores del país transparentar su metodología y manifestar un posicionamiento en torno a si es ético el uso político que se da a las encuestas, debido a su impacto en la opinión pública.

Reunidos en el foro Cuchareo, copeteo o ponderación: los encuestadores frente a los cuestionamientos de medios, políticos, académicos y catedráticos de esa casa de estudios señalaron que la mayoría de sus clientes son partidos políticos que pagan su trabajo con recursos públicos y es hora de confiar en el criterio de los lectores.

Con la participación de la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercado y Opinión Pública (AMAI), Roy Campos, de Consulta Mitofsky; Lauro Mercado, de Mercaei; Ana Cristina Covarrubias, de Covarrubias y Asociados; Francisco Abundis, de Parametría; Ulises Beltrán, de BGC; Jorge Buendía, de Buendía y Laredo, así como Ricardo de la Peña, de GEA-ISA, consideraron que es decisión de quien los contrata hacer público la empresa encuestadora, pero si quieren tener acceso a más información puede preguntar al Instituto Federal Electoral (IFE).

Cuestionados en torno al papel que tiene la aplicación de una determinada metodología para realizar encuestas, así como la construcción de distintas categorías para presentar los datos, los investigadores de la Uia señalaron que sería útil publicar la metodología, aunque pueda ser complicada. Es hora de confiar en los lectores, de transparentar la información, que nos hagan sentido los conceptos y categorías difundidos, enfatizó Enrique Gutiérrez, experto en ciencias sociales.

Subrayó que las cifras que dan a conocer las empresas encuestadoras tienen un impacto en la opinión pública. Quizá se tendrá que hacer un posicionamiento de deslinde del uso que se da a ese dato, porque forma opinión y esto puede generar intenciones de voto en algunos sectores, quizá en otros no. Sus resultados tienen una implicación de opinión, pero también ética.

Especialistas como René Torres, Helena Varela y Manuel Alejandro Guerrero coincidieron en señalar sobre el uso político que se da a las encuestas y si esto es ético.

Los encuestadores respondieron que por ley, las empresas encuestadoras deben dar a conocer al IFE para quién se hace el trabajo, quién lo pagó y hasta quién autorizó su divulgación.

Al citar un caso de uso político de encuestas, Lauro Mercado, de Mercaei, recordó que fue el presidente Felipe Calderón, en una reunión con banqueros, en febrero pasado, quien dio a conocer los resultados de una encuesta que situaba a Josefina Vázquez Mota a cuatro puntos del priísta Enrique Peña Nieto.

Si bien reconoció que la encuesta se elaboró 10 días antes de su difusión, explicó que no estaba reportada al IFE, porque trabajamos con partidos políticos que no siempre hacen pública la información, y por inercia no estamos acostumbrados a darla al órgano electoral.