A pesar de la demanda del Movimiento Progresista y del PAN para que el Instituto Federal Electoral (IFE) actuara para impedir el exceso de gastos en la cmpaña presidencial de la coalición Compromiso por México, por unanimidad, los consejeros rechazaron un punto de acuerdo promovido por el PRD para que se instaurara un procedimiento extraordinario de fiscalización de manera excepcional para revisar las finanzas de Enrique Peña Nieto.

El Consejo General desechó también sancionar al Partido Acción Nacional por la transmisión del espot denominado Peña Nieto miente, en el que le imputan el incumplimiento de compromisos. La exoneración se concretó con votación dividida de consejeros, pues si bien la mayoría lo consideró parte del contraste de propuestas y la libertad de expresión, otros sostuvieron que se incurría en el supuesto de la calumnia, prohibida por ley.

En paralelo, en reunión de la Comisión de Quejas y Denuncias del IFE se ordenó retirar el promocional del PAN La verdad no divide, en el cual se afirma que Divide el gobernador del PRI que falsifica documentos y endeuda a cuatro generaciones de ciudadanos. A juicio de los consejeros, esto lleva implícita la imputación de un delito sin que haya sentencia alguna que acredite tal falsificación y, por tanto, apuntale tal afirmación, comentó el consejero Benito Nacif, presidente de la comisión, en referencia a una queja del PRI.

Seguirá mensaje sobre ex gobernadores del tricolor

Empero, la comisión rechazó la petición del tricolor de retirar otro espot en el que, con fotos de ex gobernadores priístas como Humberto Moreira (Coahuila), Ulises Ruiz (Oaxaca) y Mario Marín (Puebla), se les imputa que bajo sus gestiones y las de Peña Nieto en el Edomex, se incrementó el crimen organizado.

Durante la sesión, el tema más polémico fue la exigencia de Movimiento Progresista y PAN para que se aplicara una fiscalización extraordinaria a Peña Nieto. El IFE no puede bajo una modalidad de acuerdo aprobar un procedimiento extraordinario dirigido a un solo partido, planteó el consejero Marco Antonio Baños, quien sugirió que un grupo de consejeros evaluara la viabilidad de un esquema que involucrara a todos los partidos y coaliciones.

A su vez, la también consejera Macarita Elizondo sostuvo que acorde con la Constitución (artículo 16) nadie puede ser molestado en sus derechos sino en virtud de un mandamiento de autoridad competente, lo que implica que un ejercicio de fiscalización como el que nos ocupa no puede ejercerse de manera absoluta e irrestricta. Sobre las pruebas presentadas por el PRD, consideró que no son suficientes para la instauración de un procedimiento especial.

Al justificar su exigencia, el representante perredista, Camerino Márquez, recordó que ya presentaron una queja en la que acreditan la violación de los topes de campaña y demandó que el IFE garantice la equidad de la contienda mediante el control del gasto. Asimismo, subrayó la importancia de que el instituto actúe maximizando las facultades del órgano fiscalizador.

El panista Rogelio Carbajal respaldó la postura perredista, con el argumento de que la candidata de su partido, Josefina Vázquez Mota, iría por delante en la entrega de información anticipada para que el IFE fiscalizara los gastos de las campañas presidenciales.

A su vez, el priísta Sebastián Lerdo de Tejada acusó al PAN y al PRD de asumir una postura eminentemente mediática y calificó de frivolidad la propuesta del sol azteca. Dijo que Peña Nieto puso a disposición del órgano electoral la información de los gastos de la campaña. Este tipo de desplantes del PRD no acusan más que desesperación, inconsistencia y falta de seriedad en los procedimientos establecidos con calendarios precisos, dijo en alusión a que los informes preliminares de los gastos deben entregarse el 8 de octubre.