uchos son los récords que ha roto el gobierno de Felipe Calderón a lo largo de su sexenio, aunque es menester subrayar que ninguno de ellos ha sido por el bien de la República, como dirían los clásicos. Son innumerables, cierto es, pero un ejemplo de tan destacada actuación es el pago de prestaciones a la dorada burocracia, que ha crecido en riguroso sentido contrario al bienestar de quienes, quiéranlo o no, cubren ese voluminoso y creciente monto. ¿Alguien, en un país con tremendas carencias, destinaría más de 29 millones de pesos cada hora para cubrir sólo las prestaciones de una maquinaria burocrática igual de ineficiente que de envilecida?

Pues sí, y el caso se da en México: en el primer trimestre de 2012, el gobierno calderonista destinó 63 mil 397 millones de pesos (todos ellos de los bolsillos de los depauperados mexicanos) para cubrir las voluminosas prestaciones (sueldos y salarios aparte) de la dorada burocracia federal (sector central), monto que en dicho periodo promedia un gasto diario de 704.41 millones, o lo que es lo mismo 29.35 millones por hora, algo indignante en un país en el que 57 millones de personas sobreviven en la pobreza (este último dato es oficial y corresponde al cierre de 2010, de tal suerte que a estas alturas es mucho mayor).

Un año atrás, y sobre el mismo tema, en este espacio se comentó que a lo largo del primer trimestre de 2011 de los bolsillos de los contribuyentes salieron poco más de 666 millones de pesos cada 24 horas para pagar las prestaciones del sector central de la burocracia, mejor conocida como servidores públicos, para totalizar en el periodo alrededor de 60 mil millones por tal concepto, un nuevo récord en estos menesteres. Pues bien, 12 meses después ese monto se incrementó a 704.41 y 63 mil 397 millones, respectivamente, y a cambio los mexicanos obtuvieron mayor ineficiencia y corrupción del aparato burocrático que, quiéranlo o no, pagan de sus bolsillos. Sólo como referencia masoquista, entre enero y marzo de 2010 el gasto por el concepto referido se acercó a 50 mil millones de pesos.

Como si estuvieran en jauja, a lo largo del sexenio calderonista de los bolsillos de los mexicanos habrán salido alrededor de un billón 250 mil millones de pesos sólo para cubrir las prestaciones de la burocracia federal (las relativos a los otros dos poderes, y las correspondientes a estados y municipios son aparte, igual que los sueldos y salarios, incluidos los federales). ¿Corresponde esa carretada de dinero a los resultados ofrecidos por el inquilino de Los Pinos, su gabinetazo y su enorme corte? Desde luego que no, pero de que se paga, se paga.

Más de 63 mil millones de pesos tan sólo por prestaciones (primer trimestre de 2012) de la dorada cuan ineficiente burocracia equivalen al presupuesto conjunto anual (2012) de las secretarías de Relaciones Exteriores, Economía, Trabajo y Previsión Social, Reforma Agraria, Energía, Turismo, Función Pública y Marina, al tiempo que resulta 14 por ciento superior al de la Secretaría de la Defensa Nacional para el mismo año. ¿Alguien recuerda que, entre las infinitas autodenominaciones del inquilino de Los Pinos, está la relativa al presidente de la austeridad? Pues bien, del tamaño descrito es la verdadera austeridad del aparato burocrático que encabeza. Por cierto, la información que acompaña esta entrega es de una de las más austeras dependencias del Ejecutivo: la Secretaría de Hacienda, que de enero a marzo del presente año destinó mil 660 millones de pesos a prestaciones.

En el primer trimestre de 2012, la austera Presidencia de la República engulló más de 87 millones de pesos en prestaciones. En el primer trimestre de estadía en la residencia oficial (enero-marzo de 2007), los servidores públicos que allí laboran apenas obtuvieron prestaciones por un total aproximado a 3 millones, de tal suerte que entre una y otra fecha el incremento ha sido de 2 mil 800 por ciento, siempre, desde luego, como parte del estricto plan de austeridad rubricado por el inquilino de Los Pinos.

Ahora bien, hay de burocracia a burocracia: el 75 por ciento de los más de 63 mil millones de pesos que los mexicanos pagaron en un trimestre por las prestaciones de sus dorados servidores públicos se concentró en el personal de cuatro instituciones, que se sirven con la cuchara más grande: Instituto Mexicano del Seguro Social, 22 mil 638 millones; Secretaría de Educación Pública, 10 mil 868 millones; Comisión Federal de Electricidad, 8 mil 224 millones y Petróleos Mexicanos, 5 mil 870 millones. En conjunto, 47 mil 600 millones, monto casi 7 mil millones superior al presupuesto anual aprobado por la Cámara de Diputados para la Secretaría de Seguridad Pública federal.

Entonces, si la dinámica no se modifica, y todo apunta a que ni de lejos se modificará (por el contrario, habrá que contabilizar los bonos de partida y, además, es año de Hidalgo), al cierre de 2012 de los bolsillos de los mexicanos habrán salido más de 253 mil millones de pesos sólo para cubrir el pago de prestaciones de la dorada burocracia (sueldos y salarios aparte), un monto 2 mil millones de pesos superior al presupuesto anual de la Secretaría de Educación Pública aprobado para el presente año.

Sirva la ocasión para recordar lo dicho por el inquilino de Los Pinos, apenas instalado en la residencia oficial (algo que, por lo demás, dijeron todos sus antecesores): el esfuerzo que hace la población para salir adelante reclama criterios de elemental eficiencia y austeridad por parte del gobierno. Y a casi seis años de distancia, eficiencia y austeridad brillan por su ausencia.

Las rebanadas del pastel

Nuevo revés para los barones de la minería y su gobierno federal: ayer los ministros de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvieron, en sentencia inapelable, que la Secretaría del Trabajo no goza de facultades para impedir que la voluntad de los trabajadores, materializada en la elección de su dirigencia, se vea limitada mediante actos de autoridad apartados de la Constitución y del Convenio 87 (OIT) sobre libertad y autonomía sindical (suscrito por México), con lo que no sólo confirmó que Napoleón Gómez Urrutia es el dirigente legal y legítimo del sindicato nacional minero, sino la ilegalidad cometida por Javier Lozano como titular de la STPS (ahora candidato panista al Senado). Sobre el particular, dicha organización obrera recordó que Lozano Alarcón fue denunciado penalmente por abuso de autoridad al haber negado la toma de nota (a Gómez Urrutia), lo que ahora se acredita con la sentencia de la SCJN, y deberá dar lugar a que se le finquen las responsabilidades que en derecho procedan. ¡Zas!

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